La procuradora Marisela Morales ordenó una evaluación profunda de su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) frente a los nulos resultados en las investigaciones de crímenes de periodistas, por lo que se prevé una posible restructuración en esta área.

 

La escasez de resultados en siete averiguaciones previas o actas circunstanciadas iniciadas en este 2012, revelaron fuentes de la institución, ya motivaron a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a instruir una revisión urgente.

 

Los citados expedientes de la dependencia federal están relacionados con los homicidios de 11 trabajadores o colaboradores de medios de comunicación; sin embargo, en ninguno de esos casos se han logrado avances.

 

Datos de la propia dependencia federal evidencian incluso que son las procuradurías locales las que continúan con la responsabilidad de esclarecer los crímenes, mientras que la PGR se ha ocupado de abrir expedientes, realizar diligencias periciales y en dos casos otorgar protección a familiares.

 

“No necesariamente se trata de cambio de personas, pero sí de las herramientas técnico jurídicas con las que cuenta actualmente la Fiscalía, y que no están dando los resultados que la sociedad está reclamando. Podría derivar en modificaciones hasta en la Ley Orgánica o de algún otro tipo”, indicó una fuente de la procuraduría.

 

De acuerdo con las autoridades consultadas, la posición de Laura Angélica Borbolla Moreno como titular de la FEADLE no se encuentra en riesgo, pero sí existe la posibilidad de que lleguen nuevos elementos para reforzar esta área.

 

Primera alerta

 

A finales de mayo, la organización civil “Casa de los derechos de los Periodistas A.C.” envió una carta a la procuradora Morales respecto a los resultados en el trabajo de la Fiscalía.

 

El grupo civil pidió que se indagaran a fondo los casos de los periodistas asesinados tan sólo en lo que va del año, así como un avance en los casos donde ya se estaba trabajando.

 

La dependencia federal, por conducto de Borbolla Moreno, respondió a través del oficio SDHAVSC/FEADLE/000544/2012 que la dependencia federal se encuentra trabajando en los casos, aunque precisó que el homicidio como tal, le toca a los estados resolverlo.

 

“Se tiene conocimiento de que la mayoría de las investigaciones criminales de los homicidios cometidos contra periodistas, están siendo realizadas por las procuradurías generales de justicia de los estados, por corresponder el delito de homicidio a la competencia del fuero común”, apuntó.

 

La fiscal agregó que no obstante lo anterior, la PGR coadyuva en el esclarecimiento de los casos y en el ámbito de su competencia inició las correspondientes averiguaciones previas o actas circunstanciadas, por los hechos ocurridos en los estados de Morelos, Sonora y Veracruz.

 

En el balance proporcionado por la Fiscalía se mencionan seis casos de los cuales ya tomó conocimiento la PGR, y en todos se informa que se está trabajando, pero no hay confirmación de móviles ni identificación de probables responsables.

 

El primero es el crimen de Raúl Régulo Garza Quirino, del diario La Última Palabra, ocurrido el 5 de enero en Cadereyta, Nuevo León. La PGR indica que inició un acta circunstanciada, mientras que la averiguación previa es responsabilidad de la Procuraduría del Estado, y no se mencionan avances.

 

Por el crimen de Javier Salinas, director del sitio de noticias futuro.mx y de Javier Moya Muñoz, director de una emisora de radio local, perpetrado el 19 de abril en Chihuahua, la FEADLE indicó que se inició una averiguación previa y la investigación “sigue su curso”.

 

En el caso de la colaboradora del semanario Proceso, Regina Martínez, encontrada sin vida el 28 de abril en Veracruz, la PGR dijo que se han realizado “todas las intervenciones necesarias” pero no reportó ningún resultado concreto.

 

El 3 de mayo, también en Veracruz, fueron encontrados sin vida los comunicadores y fotoperiodistas Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez e Irasema Becerra, colaboradores de Notiver y Diario AZ.

 

Al respecto, la FEADLE dijo que se inició la averiguación previa y se analizan “detalladamente” los resultados de las pruebas periciales, con el objetivo de identificar si el modus operandi se encuadra en un tema de delincuencia organizada.

 

Por el homicidio de René Orta, colaborador del periódico Sol de Cuernavaca, y quien fue encontrado sin vida dentro de su camioneta el 13 de mayo, la PGR dijo que las autoridades locales tienen abierta su investigación, y la FEADLE inició también un expediente en su ámbito de competencia, y ordenó la protección de los familiares.

 

En el caso del crimen de Marco Antonio Ávila García, trabajador de El Diario de Sonora, ocurrido el 17 de mayo, la FEADLE inició una averiguación y sigue coordinándose con la procuraduría del Estado, ya la “espera de información” para verificar si hay vínculo con el crimen organizado. Instruyó protección a familiares de la víctima.

 

Por lo que respecta al caso más reciente, el crimen del periodista de Milenio en Xalapa, Víctor Manuel Báez Chino, autoridades de la dependencia federal informaron que se inició la averiguación previa en coordinación con autoridades locales, pero tampoco hay avances significativos.