La Fiscalía estadunidense solicitará a los jueces que tendrán a su cargo el caso de lavado de dinero del grupo delictivo de Los Zetas en la crianza, compra y venta de caballos cuarto de milla, que se impongan penas de dos décadas de prisión a quienes sean encontrados culpables.
Se trata de la sentencia máxima que permite la legislación de los Estados Unidos por el delito de conspiración para lavar dinero de procedencia ilícita, luego de las reformas penales que se llevaron a cabo en aquel país en 1986.
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron a 24 HORAS que sus homólogos del Departamento de Justicia buscan una sentencia ejemplar para los involucrados, y que sirva de advertencia a los narcotraficantes que intentan invertir y reutilizar su dinero sucio en la misma economía americana.
Incluso, los fiscales pedirán también el aseguramiento definitivo a favor del gobierno, de todos los bienes muebles e inmuebles que el grupo delictivo pudo haber obtenido a partir de las operaciones de lavado, al menos durante los últimos cuatro años, y sus ganancias económicas estimadas en más de 20 millones de dólares.
Hasta el momento, los detenidos por este caso son José Treviño Morales, titular de la empresa implicada Tremor Enterprises LCC, su esposa Zulema Treviño, los empresarios Francisco Colorado Cessa, Fernando Solís García y Carlos Miguel Nayen Borbolla, y los entrenadores de caballos Raúl Ramírez, Adan Farías, Felipe Alejandro Quintero y Eusevio Maldonado Huitrón.
Se encuentran prófugos Miguel y Omar Treviño Morales, hermanos de José y líderes del grupo delictivo de Los Zetas, los presuntos prestanombres Víctor Manuel López, Sergio Rogelio Guerrero y Luis Gerardo Aguirre, así como otro sujeto más cuya identidad se ha mantenido bajo reserva.
En los operativos de la semana pasada, la Fiscalía estadunidense, con el apoyo de agentes del FBI, incautó temporalmente el rancho “Zule Farms” en Oklahoma, que servía de sede para Tremor Enterprises LCC, además de 70 caballos de competencia pura sangre y tres cuentas bancarias, entre otros bienes.
La intención de los procuradores federales es que ninguna de estas propiedades sea devuelta ya, pues se les considera producto del delito.
La “mano dura” con la que el Departamento de Justicia está actuando en el caso, según hicieron notar en la PGR, quedó de manifiesto, además, con los recursos que ha interpuesto para que no se permita salir bajo fianza a las personas que ya fueron aseguradas, pese a que la legislación federal de ese país concede esta posibilidad.
Tanto los Treviño Morales como el empresario veracruzano Colorado Cessa han solicitado este recurso; sin embargo, los jueces no lo han concedido y se espera que lo nieguen de forma definitiva, atendiendo el argumento de la Fiscalía sobre que es posible que se den a la fuga.
Irá Colorado a la Corte
Precisamente hoy al mediodía está programada la comparecencia del empresario popularmente conocido como Pancho Colorado ante la Corte Federal en Texas que preside el magistrado Stephen Smith, y en la que se prevé que se le informe que queda formalmente vinculado al proceso, así como la negativa para que salga bajo fianza.
La única excepción al momento fue el caso del entrenador Eusevio Maldonado Huitrón, quien si pudo recobrar su libertad condicional luego de que pagó una fianza de 100 mil dólares.
En este caso eljuez de Austin, Texas, desestimó el argumento de la Fiscalía de que podría ser asesinado por Los Zetas si salía de prisión.
El abogado José González Falla, defensor de Maldonado, dijo que su cliente “sólo se dedica a entrenar caballos de carreras, eso es lo que ha hecho toda su vida, es un hombre de campo”, y añadió que se le vincula al caso únicamente por los recibos de pago que se le giraron producto del trabajo que realizó con los animales.
Fuentes de la PGR indicaron que se espera que en los próximos días sean detenidos el resto de los involucrados en esta acusación criminal, con excepción de los hermanos Treviño Morales, quienes son buscados desde hace varios años por sus actividades en el narcotráfico.
Por lo que respecta a México, la dependencia que encabeza Marisela Morales continúa trabajando en la integración de la averiguación previa correspondiente, la cual podría derivar en nuevos cargos penales tanto para la gente que está mencionada en el proceso en Estados Unidos, así como otros que aun no han sido vinculados formalmente.