La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México tomó nota del fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, emitido este lunes en el caso Arizona vs Estados Unidos, relativo a la ley SB1070 de Arizona.

 

“México siempre ha afirmado el derecho de todo país a emitir y aplicar sus propias leyes en su territorio. En ese sentido, el gobierno de México reconoce que la Corte estableció que las secciones 3, 5 (c) y 6 de la ley continuarán suspendidas al haber sido declaradas inconstitucionales”, agregó.

 

La última de estas secciones, refirió la SRE en un comunicado, pretendía autorizar a las autoridades locales a arrestar sin una orden judicial a cualquier persona cuando hubiera “causa probable” para suponer que pudiera ser sujeta a removida de Estados Unidos.

 

No obstante, lamentó que la Corte no haya encontrado, en principio, elementos para declarar inconstitucional la sección 2 (b) de la citada legislación en función de la preeminencia de la ley federal.

 

Esta sección faculta a las autoridades estatales en casos de detención o arresto a verificar, bajo ciertas circunstancias, la condición migratoria de las personas.

 

Por tanto, México subrayó que la decisión de la Corte deja abierta la posibilidad de que dicha sección se impugne una vez que entre en vigor y en tanto las cortes inferiores establecen un criterio para su aplicación.

 

La cancillería recordó que desde abril de 2010 México ha señalado que la ley SB1070 y otras similares no reconocen las numerosas contribuciones de los migrantes a sus comunidades de destino y por el contrario “conlleva altos costos políticos y no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades”.

 

En este contexto, consideró que el fallo tendrá amplias implicaciones legales y políticas, al igual que la posterior interpretación por las cortes estadounidenses de la sección que no fue bloqueada; y “aún existen otros procesos y recursos jurídicos en curso contra la ley SB1070 y las legislaciones similares aprobadas en otros estados”.

 

El gobierno de México, acotó la SRE, ha apoyado cada demanda de este tipo interpuesta por Estados Unidos y la sociedad civil estadounidense, bajo la figura de “Amigo de la Corte”, con el respaldo de diversos países latinoamericanos”.

 

Además seguirá abogando por la adopción de esquemas que reflejen la complementariedad de las economías y los mercados laborales de América del Norte.

 

Para impulsar el bienestar, la prosperidad y la competitividad en la región, los flujos migratorios deben ser legales, seguros, ordenados, y respetuosos de los derechos humanos, aseveró.

 

También el gobierno de México, a través de su embajada en Estados Unidos y su red consular, mantendrá informadas a las comunidades mexicanas sobre los alcances y efectos de la decisión adoptada hoy y de las que se tomarán en las siguientes etapas de las demandas en curso.

 

Por último, instrumentará “todas las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance para defender los derechos fundamentales de los mexicanos en ese país, sin importar su condición migratoria”.