WASHINGTON. La Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto las disposiciones clave de la ofensiva de Arizona contra los inmigrantes irregulares.
Sin embargo, el máximo tribunal norteamericano avaló una parte de la ley que obliga a la Policía estatal a comprobar el estatus de quienes crea que no se encuentran legalmente en Estados Unidos.
La decisión judicial respaldó por el momento la cláusula de “muéstreme sus papeles”, pero incluso en este caso los jueces dijeron que la disposición puede ser objeto de demandas legales adicionales y le restaron fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley migratoria.
La decisión sobre la ley de Arizona fue tomada en momentos en que el país se encuentra en una campaña presidencial en la que el presidente Barack Obama ha estado cortejando a los votantes hispanos y su rival republicano Mitt Romney ha pasado apuros para atraer el respaldo latino.
Durante una larga campaña de elecciones primarias, Romney y los otros aspirantes republicanos a la presidencia respaldaron en su mayoría la aplicación de una línea dura para evitar ser acusados de que apoyan alguna forma de “amnistía” para los inmigrantes que carecen de permiso de residencia. Posteriormente Romney adoptó una posición menos radical en torno al tema de la inmigración.
La decisión judicial del lunes fue unánime con relación a permitir que se realice la verificación del estatus migratorio. El máximo tribunal estuvo dividido en torno a derogar las otras disposiciones.
El magistrado Anthony Kennedy dijo que podría —e insinuó que debería— leerse cuidadosamente la ley para despejar el temor de que las verificaciones al estatus migratorio pudieran derivar en detenciones prolongadas.
La corte derogó las siguientes cláusulas:
— Requerir que todos los inmigrantes obtengan o porten papeles que demuestren que están registrados ante las autoridades de inmigración;
— Convertir en ofensa penal estatal el que un inmigrante no autorizado busque trabajo o tenga un empleo; y
— Permitir que la Policía arreste a presuntos inmigrantes que carezcan de permiso de residencia sin contar con una orden judicial para detenerlos.
Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, dijo que el fallo representa una victoria de la gente que cree en la responsabilidad de los estados para defender a sus habitantes.
El caso, afirmó, “siempre ha sido acerca de nuestro respaldo al estado de derecho. Eso significa todas las leyes, incluidas las que están tanto contra la inmigración ilegal como la etiquetación racial. Las agencias policiales serán responsabilizadas si esta ley fuese mal empleada de una forma que viole los derechos civiles de un individuo”.
Los grupos que defienden los derechos civiles y que impugnaron esta legislación debido al temor de que deriva en violaciones a dichos derechos dijeron que sus demandas seguirá en pie.
Incluso con las limitaciones que el máximo tribunal le impuso a Arizona, la verificación del estatus de inmigración sigue siendo “una invitación a la etiquetación racial”, dijo Omar Jadwat, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).
El gobierno de Obama presentó una demanda para bloquear la ley de Arizona poco después de que fue implementada hace dos años. Los tribunales federales se habían negado a permitir que las cuatro disposiciones clave entraran en vigor.
En comentarios desde la judicatura, Scalia describió sarcásticamente los planes que Obama anunció recientemente para facilitar que los hijos de inmigrantes no autorizados eviten ser deportados.
“Muéstreme sus papeles”, vigente
NUEVA YORK. Activistas hispanos expresaron decepción por la decisión de la Corte Suprema de no bloquear la provisión más controvertida de la ley migratoria de Arizona, que obliga a policías a preguntar por estatus migratorio cuando sospechen que alguien se encuentra ilegalmente en el país.
La corte, sin embargo, dejó sin efecto otras tres disposiciones de la polémica ley SB1070, lo que al menos generó cierto alivio y un sentimiento de victoria parcial.
La cláusula 2B, conocida como la provisión de “muéstreme sus papeles”, legitima ordenanzas estatales que promueven la categorización racial y arrestos injustificados, además de dispersar el miedo entre los hispanos del país, dijeron expertos y líderes hispanos.
“Por ahorita no es una sorpresa, pero sí sabemos que va a sufrir mucha gente a causa de esta ley”, dijo Carlos García, director ejecutivo de la organización Puente, en Arizona. “Ciertas partes de Arizona ya están viviendo bajo la ley, así que la gente ya está acostumbrada, pero ahora se va a intensificar, por todo el estado va a crecer. Así que nosotros vamos a informar bien a la comunidad y seguir peleando”.
García dijo que sentía cierto desahogo porque al menos la incertidumbre de haber esperado semanas a la decisión de la corte había terminado.
“Ahora ya sabemos a qué atenernos”, indicó.
Salvador Reza, coordinador de los Comités de Defensa del Barrio, en Phoenix, dijo que las organizaciones de defensa de inmigrantes de la zona, incluyendo a Puente, planeaban hacer una conferencia de prensa en la ciudad y quizás una manifestación frente a la oficina del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, dijo que la ratificación de la cláusula 2B generó preocupación entre los expertos.
“Nos preocupa muchísimo porque obviamente esa es la provisión que más está afectando a nuestra comunidad y que más va a resultar en discriminación, y que ya está resultando en discriminación por perfil racial”, dijo Hincapié.
Aun así, la experta recordó que es posible que la provisión 2B sea eventualmente considerada inconstitucional. La Corte decidió que es demasiado pronto para saber si la cláusula puede ser implementada de forma que no viole la constitución. La provisión será remitida a la corte federal distrital así que Arizona no sentirá efectos inmediatos, señaló.
Las tres provisiones que fueron derogadas el lunes por la Corte Suprema obligaban a inmigrantes a obtener o cargar en todo momento con documentos migratorios, convertían en un crimen que inmigrantes sin papeles trabajaran o buscaran trabajo y permitían que la policía arrestara a inmigrantes sospechosos de estar en situación migratoria irregular sin necesitar órdenes de arresto.