La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elabora un Protocolo de Atención a Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado, fenómeno del cual México no cuenta con un diagnóstico.

 

El organismo público autónomo explicó que el protocolo es un instrumento para que autoridades, defensores y víctimas conozcan las obligaciones que el Estado mexicano tiene para atender a las personas desplazadas durante su traslado a las comunidades de acogida.

 

En un comunicado, detalló que a partir de 2006 se observó una nueva forma de desplazamiento causada por enfrentamientos entre la delincuencia y elementos de seguridad pública en algunas zonas del país.

 

“Este fenómeno social es más evidente en los estados de Chihuahua y Tamaulipas, y en menor medida, en Michoacán, Durango y Sinaloa”, destacó la CNDH.

 

Con base en diversos informes, señaló que entre 2006 y 2009 fueron desplazadas de Ciudad Juárez, Chihuahua 110 mil personas.

 

Además, “una actualización en esa misma investigación señala que entre 2009 y 2011 la violencia en la zona ha desplazado a otros 24 mil mexicanos”, abundó el organismo que encabeza Raúl Plascencia Villanueva.

 

Recordó que de acuerdo con los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los desplazados internos son personas que se han visto forzadas a escapar o huir de sus casas pero dentro de su propio país, como resultado de conflictos armados.

 

O bien, para evadir situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.

 

Conforme a esos principios, los Estados tienen la responsabilidad principal de proteger a la población desplazada dentro de su territorio, anotó la CNDH.

 

Resaltó que durante marzo pasado, llevó a cabo las Jornadas de Capacitación sobre Desplazamiento Interno Forzado, a fin de construir las herramientas que permitan abordar ese fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos.

 

En esos encuentros participaron expertos de varias organizaciones de países de América y Europa que capacitaron al personal de la CNDH y sus comisiones estatales, así como a procuradurías, funcionarios e integrantes de la sociedad civil.