La organización Alianza Cívica reportó presuntas irregularidades durante la jornada electoral del domingo pasado como la coacción y compra de votos, así como violación de la secrecía del sufragio, lo que a su juicio constituyó un proceso comicial de “baja calidad”.
La OSC, consideró que la compra y coacción del voto “fue la mayor operación” en la historia del país, debido a que hubo 15 procesos locales, además de los federales.
Además, a través de sus 500 observadores acreditados ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en 21 estados, dijo haber detectado la presencia de menores que habrían sido utilizados para vigilar el voto en favor de un partido determinado.
Lo anterior habría ocurrido en los estados de México, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco, informaron el ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Eduardo Huchim; Beatriz Camacho, de Alianza Cívica (AC), así como Héctor Díaz, de la organización Equipo del Pueblo.
En conferencia de prensa, Huchim dijo que de acuerdo con los reportes de los observadores en el 21 por ciento de las casillas se reportó violación a la secrecía del voto y en 28.4 por ciento, los ciudadanos estuvieron expuestos al menos a la práctica o coacción del voto, esto es, en el 494 por ciento hubo irregularidades.
Destacó que aun cuando las violaciones electorales estén documentadas y acreditadas, “no son determinantes para el resultado de la elección y, en consecuencia, el resultado de la elección se mantiene”.
Esto es, dijo, “independientemente de que creamos o no que ahí hay elementos para anular una elección, no veo yo ninguna posibilidad de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vaya a siquiera intentar la anulación de la elección presidencial”.
A pregunta expresa, consideró que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), tendrá que investigar este tipo de delitos electorales, como la utilización de celulares para verificar la boleta tachada en favor de algún partido o candidato.