En noviembre de 1999 el ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, en ese entonces de 92 años, me dijo en una larga conversación en su casa de Cuernavaca, que el error más grave que cometieron los gobiernos priistas fue abandonar el campo.
“Creamos millones de miserables que no pueden vivir y a los que hay que mantener. Hay que mantenerlos para que sigan siendo miserables”. Palabras duras, por sinceras. Autocrítica pura.
“En materia agrícola lo que necesitamos es un nuevo reparto agrario, porque lo que hicimos fue desastroso. Hemos acabado con el campo mexicano, con lo que hemos hecho. Y no tenemos mucho tiempo para tomar medidas.
Mire -me dijo- lo que se ha hecho con el reparto agrario es acabar con el principio de que el ejido fuera cuando menos de 10 hectáreas de riego o su equivalente a 20 hectáreas de temporal. Era tan importante que lo estableció la Constitución desde febrero de 1947: el ejido no podía ser menor de 10 hectáreas de riego.
¿Sabe usted de cuánto es el ejido actualmente? De 2.4 hectáreas; no de riego, de cualquier clase de tierra. Una familia no puede vivir en esas condiciones. Eso nos lleva a un deterioro en la calidad de la agricultura porque no pueden producir; la productividad es nula. En ese espacio de tierra no pueden aplicarse técnicas avanzadas. Entonces, lo que hicieron los gobiernos, que pulverizaron la tierra, es un crimen contra el país”, me dijo exaltado don Antonio.
“Y si estamos hablando de que la miseria está en el campo y no la podemos evitar, el gobierno necesita mantener a esas personas que no ganan lo suficiente para comer. Porque hay que recordar otra cosa, el ejidatario tiene que trabajar la tierra, porque si no la trabaja, la pierde. Entonces está encadenado a una tierra que no le da para comer.
Mire, de tres millones de ejidatarios, dos millones tienen 2.4 hectáreas. Si pensamos que en las familias campesinas son cinco, ya son 10 millones de personas las que no pueden comer, a las que hay que sostener, pero hay que sostener para que mantengan la situación que el gobierno les creó.
¿Por qué el gobierno? -se pregunta-. Porque de acuerdo con la ley, el Presidente de la República es la máxima autoridad en materia agraria. No puede intervenir el Poder Judicial y decirle: estás violando la ley. Entonces es verdaderamente criminal. Cuando terminó el gobierno del licenciado Díaz Ordaz, el promedio de tierra en poder de los campesinos era de 5.6 hectáreas por familia. Después de Díaz Ordaz se pulverizó la propiedad agrícola.
Tenemos que corregir la situación, porque si no, nos va a aplastar lo que suceda cuando no podamos competir con la agricultura americana. Pero nadie le quiere dar publicidad a esto, y ese es el problema central de México”.
Recuerdo que en aquella ocasión le pedí que listara las otras grandes tareas pendientes en el país y me atajó: “No, este problema es el más grave que ha tenido México”.
Tenía razón don Antonio. Más de 12 años después de aquella conversación el actual secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, me confiesa en entrevista que el gobierno sigue atrapado en aquel viejo diseño institucional para el campo que pulverizó la tierra procreando miserables.
Ahora es el PRI, nuevamente, el que está llamado a afrontar “ese crimen contra el país” que apuntó don Antonio.
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