Un juez federal concedió a la PGR una ampliación de arraigo por 40 días más en contra de dos personas vinculadas con las presuntas operaciones de lavado de dinero de los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
Se trata de Napoleón Rodríguez de la Garza, empresario tamaulipeco y ex colaborador de Yarrington, así como de Sonia de Pau García, esposa de otro empresario de nombre Fernando Cano, identificado como el principal prestanombres de los ex mandatarios.
Ambos fueron detenidos a finales de mayo por agentes federales y trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron bajo arraigo por 40 días, periodo que estaba por concluir el próximo lunes.
No obstante, la PGR solicitó que se ampliara por un periodo similar la medida cautelar, con la finalidad de profundizar en las investigaciones y retener a los sospechosos al menos hasta mediados de agosto.
Autoridades de la dependencia federal adelantaron que también se solicitará al juez que se duplique el arraigo dictado en contra del empresario Eduardo Rodríguez Berlanga, alias La Conga, aprehendido a principios de junio por este mismo caso.
Todas estas acciones se llevan a cabo en el marco de las investigaciones de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en las que se advierte la complicidad de los ex mandatarios de Tamaulipas con un grupo de empresarios, para lavar dinero proveniente de las actividades del narcotráfico del Cartel del Golfo y Los Zetas.
El caso había permanecido prácticamente sin avances desde el 2009 en la PGR, hasta que en mayo se dio a conocer en Estados Unidos la consignación de un expediente en una Corte de Texas, a través del cual se aseguraron dos propiedades adquiridas por Cano con recursos ilegales, presuntamente facilitados por el ex gobernador Yarrington.
Del intercambio de información, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) agilizó la integración del expediente y liberó órdenes de localización contra varias personas ligadas a los ex mandatarios. Previamente en febrero, pesaba sobre los sospechosos una alerta migratoria.