Como una cataplasma sobre la herida de su derrota pone la izquierda el conflicto post electoral, con todos los ingredientes de las medias verdades o las exageraciones; la descalificación y hasta las convocatorias (de utilería, por cierto) a la rebelión de los desposeídos.
Las tarjetas prepagadas con fondos para comprar artículos domésticos y alimentos en la tienda Soriana, son evidencias del gasto inicuo, malevo y pútrido.
En cambio, las peticiones de millones de dólares en la casa de Luis Creel; las gestiones, insistentes, reiterativas y sibilinas del abogado para jalar fondos en el fin de la campaña (¡ayúdale, ayúdale!, clama el gestor –Julio Regateado– mientras el banquero –Julio Regalado– gime, ¡ya le di, ya le di!), no son de ninguna manera evidencias del pecado, son recursos legítimos de los cuales nunca se entera el líder del cambio verdadero.
Su plumaje no se mancha con la lana.
El diario de la izquierda publica una fotografía de relativo tino reporteril. Durante la campaña, cuando los candidatos son capaces de colgarse un molcajete con tal de lograr simpatías locales (en Chiapas se ponen sombreritos con listones; guayaberas en Veracruz, sarapes en Saltillo; colores de Las Chivas en Guadalajara, etc), Enrique Peña se enfundó en la playera del equipo campeón del futbol nacional, el Santos Laguna, en la cual aparece el logotipo patrocinador de Soriana, como en otras camisetas aparecen diversas firmas comerciales.
En la foto aparecen Peña, su esposa Angélica y el gobernador Moreira. La gráfica se encabeza con el texto de ponerse bien la camiseta, como prueba de afinidad con Soriana, no con el equipo. Y ya con eso se prueba el culposo compromiso con el almacén.
“El gobierno mexiquense (le) pagó a Soriana –dice– tres mil millones de pesos por despensas”. Con eso se cierra el círculo de la culpabilidad.
Pues si de eso se tratara, el gobierno de la Ciudad de México le pagó (2008) a otra cadena comercial un poco más: 21 mil millones de pesos en vales de despensa para 110 mil sindicalizados a su servicio. Ciento diez mil personas con capacidad de sufragio efectivo.
¿O ya olvidamos cómo el PRD, en el gobierno capitalino, intervino en el rescate de la Comercial Mexicana, a la cual de pilón hasta una calle en la colonia Del Valle le iba a dar?
Eso lo veremos después.
El Sorianagate guarda relación con la protesta post electoral dividida en dos partes.
La primera, el clamor por un innecesario recuento, cuyo capricho buscaba solamente ganar tiempo para reunir pruebas y fortalecer alegatos contra la suciedad del financiamiento del PRI y la cantaleta de la compra del voto. El PRI también aprovechó el tiempo para contragolpear.
En este sentido valga una digresión: ¿A quién benefició el recuento y la muleta esa del voto por voto; casilla por casilla? Pues sólo a quien, de paso, el PRD también quería golpear, al Instituto Federal Electoral.
La exactitud casi absoluta entre los resultados del conteo rápido y el PREP con las actas contadas una por una con la paciencia de un gotero, sólo demostraron el profesionalismo de la autoridad electoral, esa a la cual le echaron encima a las brigadas de la queja, “yo soy #132” y demás.
Pero en fin. La segunda parte del programa es probar la suciedad del proceso y buscar su anulación ya sea por el exceso en el gasto, ya sea por la ilegalidad en su ejercicio. Y aquí nadie puede tirar la primera piedra.
¿Se puede comprobar la compra del voto?
Quizá en casos individuales, pero no masivamente. ¿Cómo se compran 18 millones de sufragios? Ni siquiera con 18 millones de tarjetas.
Los más conspicuos demócratas nacionales, Andrés Manuel (PRD), Carlos Castillo Peraza (PAN), han coincidido en el relativo éxito electoral de la dádiva, ya sea el laminazo o ahora el tarjetazo: “tu agarra y luego vota por quien quieras”.
Pero aquí vale un poco la memoria. Los gobiernos usan a las cadenas de autoservicio para sus enjuagues financieros y sus promociones electorales, inmediatas o por venir. Todo es clientelismo. Quizá sea oportuno recordar, como más arriba dijimos, el caso de la Comercial Mexicana y el Partido de la Revolución Democrática.
Controladora Comercial reventó financieramente en el 2008, y se fue a un concurso mercantil por un adeudo superior a los 2 mil millones de dólares. Los listos andaban especulando con dólares y se les vino el mundo encima. Y como a ellos a Cemex, a Hérdez y a otras compañías notables por su volumen.
En abril del 2011 (La Jornada) “el Gobierno del Distrito Federal (GDF) no sólo vendió una calle de la colonia Del Valle a la cadena de tiendas de autoservicio Comercial Mexicana, sino que también en 2008 le inyectó casi 2 mil 100 millones de pesos mediante la asignación directa para la compra de vales de fin de año para sus 110 mil trabajadores sindicalizados”.
La verdadera naturaleza de los vales, las tarjetas o las pensiones universales para todo tipo de necesitado, ya sea por vejez, por abandono o por enfermedad, es su obvia finalidad de conversión y adhesión –casi afiliación– política o al menos electoral, ya sea por el recuerdo de los “pisos firmes”, como hacía la señora Vázquez en su campaña o cualquiera otro tipo de “oportunidades” en la vida.
En la Ciudad de México –frente a la pésima calidad de la obra pública y la deficiencia crónica de los servicios– no se explica su abrumadora mayoría electoral fuera de los “programas sociales”, cuya circunstancia humanitaria resulta al menos discutible frente al evidente rendimiento en la urna. A eso se le llama “estructura”.
Pero de regreso al asunto de hoy. Ahora las protestas y las quejas van a ir al tribunal.
Y para preparar el terreno y denunciar la injusticia propia de las instituciones participantes, sin faltar una sola, en el complot de la imposición de los poderes fácticos, ya se ha dado el primer paso: el trágico Ricardo Monreal (siempre habla como si tuviera un nudo de congoja en la garganta), ha denunciado la parcialidad del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien se entrenó en la calificación del proceso presidencial anterior y ahora se prepara para asestarle el segundo golpe a la democracia redentora.
Le exigen (él y su líder) excusarse; le ordenan retirarse. Y el juez (la frase no es mía, es de Fidel Castro) los mira con la sonrisa de la Gioconda y la paciencia de Job.
Pero no sólo hay oportunidades jurídicas. También las hay políticas. Pablo Gómez, cuya biografía puede ser modelo para los activistas del 132, los ayotzinapos y los atencos, de cómo se asciende en la vida desde la provechosa mitología de un movimiento social hasta el ajonjolí de todas las legislaturas con el discreto encanto de la burguesía incluido; saca su viejo libro de Franz Fanon y habla de los condenados de la tierra y anuncia la rebelión de los desposeídos.
«No hay forma de poder detener estos inmensos poderes más que con la continuación del esfuerzo por romperlos… no hay forma de que la política de empobrecimiento no se revierta en votos a favor del empobrecedor mediante la compra y la coacción –dijo con la mirada puesta en la aurora del proletariado–, más que con la rebelión de los sometidos, y esa es la vía, ese es el camino, y eso es lo que hay que hacer, y esa es la enseñanza de esta elección».
Uno quisiera saber si entre esos inmensos poderes conjuntados y conjurados para cuya contención pega el nuevo grito de Dolores, se halla la televisión, cuya parcialmente inconstitucional Ley Televisa el cumplido legislador votó favorablemente sin haberla leído siquiera.
