La comisión de magistrados encargada de presentar el proyecto para determinar si la elección presidencial fue válida se dijo lista para “enfrentar lo que venga” una vez que el Instituto Federal Electoral concluyó el conteo de los votos y los partidos presentarán sus impugnaciones a los resultados.
Al participar en el programa semanal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados Flavio Galván Rivera, Constancio Carrasco Daza y Salvador Nava Gomar destacaron que los ciudadanos pueden estar seguros de que sus votos serán los que determinen quiénes gobernarán el país los próximos seis años, y que resolverán todas las impugnaciones conforme a derecho y con transparencia.
Galván Rivera dijo que “estamos dispuestos a hacer frente a lo que venga. En 25 años de existencia de este tribunal nunca ha habido rezago y no será la primera vez”.
Los magistrados dijeron no saber cuántos recursos de impugnación se presentarán: “Hace años fueron poco más de tres toneladas y media de pruebas documentales y de otro tipo. No importa las toneladas que vengan, estamos preparados para hacer frente a la responsabilidad”, indicó Galván.
El plazo para promover el juicio de inconformidad se vence cuatro días después de concluidos los cómputos distritales, y después corren otras 72 horas para que se presenten terceros interesados o coadyuvantes ante el TEPJF.
En el Instituto Federal Electoral, una vez concluido el conteo de los cómputos distritales de senadores, diputados y presidente de la República, ahora esperará las impugnaciones para senadores y diputados ya que con esto se sabrá el porcentaje a repartir para las curules de representación proporcional.
El consejero Francisco Guerrero llamó a la ciudadanía a tener calma en el tema del cierre de la elección ya que todo proceso legal tiene tiempos: “Haría un llamado a respetar los tiempos que están establecidos en la legislación, a no adelantar juicios, hasta que se haya procesado toda esta información tendremos mayor claridad sobre lo que proceda”.
El instituto está ahora en una fase de conclusión del proceso electoral y trabaja en la parte de los análisis administrativos y legales de los momentos que se vivieron en meses anteriores. El cierre total se hará una vez que el instituto haya fiscalizado la campaña y si hubo irregularidades, propondrá los castigos que establece la ley; se espera que a finales de enero se termine la revisión de las cuentas.
La firma del pacto civilidad ha permitido que los partidos usen las vías institucionales para promover las quejas que pudieran tener acerca de los resultados electorales. “Si hay una descalificación realizada hacia la elección y se mantienen o se genera un clima de zozobra entre la población” eso sería romper el llamado a respetar a las instituciones, señaló.
Sobre las presuntas irregularidades registradas en el proceso, el consejero Marco Antonio Baños exhortó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a dar a conocer los resultados de sus investigaciones. Las auditorías efectuadas por la unidad de fiscalización, dijo, serán presentadas a los consejeros.
Respecto a los plazos legales de fiscalización del gasto de campaña de los partidos políticos señaló que lo único que se acorta son los tiempos que éstos tienen para comprobar los gastos que hicieron y de qué maneras los emplearon: “Desde mi punto de vista estamos en el marco de la ley pero los partidos políticos tienen que hacerse responsables de que se adelantarán los procesos de fiscalización”.
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