La Procuraduría General de la República (PGR) informó de la captura del ex subprocurador de Guerrero, Alejandro Hernández Paz y Puente, y de la agente del Ministerio Público, Gloria Rocío Cruz Méndez, por las irregularidades ocurridas en el caso Ayotzinapa, quienes ya fueron consignados ante un juez.

 

Sin embargo, ambos tienen la posibilidad de quedar libres al definirse en las próximas horas su situación jurídica.

 

Los otros ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por los mismos delitos y no han sido detenidos, son los agentes ministeriales María Seberiana Peña Flores, Magdalena de Jesús Cruz, José Vélez Zapata y César de los Santos Mendoza.

 

Sobre los servidores públicos recientemente consignados, existen acusaciones por delitos de encubrimiento y contra la administración de justicia, que están tipificados en el Código Penal como no graves y por tanto, alcanzan el beneficio de la libertad caucional.

 

Su situación es similar a la del ex procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, quien fue declarado formalmente preso por los mismos delitos, pero actualmente enfrenta su proceso en libertad tras el pago de la fianza.

 

La investigación federal que involucra a estos funcionarios, se dio luego de los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre en Ayotzinapa, Guerrero, cuando fue reprimida de forma violenta una manifestación que llevaban a cabo estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, hechos que a la larga dejaron tres personas muertas.

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), en ese momento encabezada por López Rosas, se vio involucrada no sólo en la represión de la protesta, sino además en una investigación irregular, en la que se fabricaron pruebas y se eliminó evidencia real, además de que se detuvieron a personas que luego fueron liberadas sin justificación.

 

El pasado 27 de febrero, la PGR dio un balance de la indagatoria y concluyó que funcionarios de la PGJE actuaron premeditadamente para manipular la evidencia o fabricar pruebas inexistentes, con el fin de desviar las investigaciones del caso.

 

Contaminación del lugar de los hechos, falla total en la cadena de custodia, desaparición de elementos de balísticas, destrucción de registros de control de armamento, alteración de uniformes, y detenciones y liberaciones injustificadas, fueron algunas de las fallas detectadas en que incurrieron los funcionarios locales.

 

Por estas irregularidades, la PGR procedió penalmente y obtuvo órdenes de aprehensión para siete funcionarios de la procuraduría local, todos por los delitos de un encubrimiento y contra la administración de justicia.

 

Hasta la semana pasada, únicamente había sido detenido el ex procurador López Rosas, quien solicitó la fianza.

 

Sin embargo, el pasado 5 y 6 de julio, elementos de la Policía Federal Ministerial, desplegados en Guerrero, cumplimentaron las órdenes de detención en contra del ex subprocurador Hernández Paz y Puente y de Cruz Méndez.

 

Ambos ex servidores públicos fueron trasladados Centro de Readaptación Social del Estado (Cereso), donde quedaron a disposición del Juez Primero de Distrito con sede en Chilpancingo.

 

Los dos sospechosos solicitaron la duplicidad del término constitucional, de 72 a 144 horas, para que se defina su situación jurídica, así como el otorgamiento de la fianza. Dicho plazo vencería el próximo jueves.

 

Pese a esas consignaciones, la PGR mantiene abierta la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNE-VIII-114/2011, pues aún se indagan otro tipo de ilícitos como abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.

 

Cabe señalar, además, que la procuraduría local también lleva a cabo una investigación de estos hechos, y hasta el momento ha detenido a dos ex agentes judiciales, Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores, quienes enfrentan cargos por homicidio y tentativa de homicidio.