Una cosa son los condicionamiento teóricos que impuso la Comisión Federal de Competencia, CFC, a los gigantes de la televisión, Televisa y Grupo Azteca, para que operen juntos en el mercado de la telefonía celular y de banda ancha móvil con Iusacell; y otra -muy distinta- es que estos condicionamiento apliquen en la práctica con el espíritu y propósito para el que fueron establecidos.
Así, la prueba para la CFC apenas comienza
Ayer el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, dijo en una audioconferencia con analistas que “la conversión permite que Televisa tenga actividad dentro de la administración de Iusacell. Emilio Azcárraga, nuestro presidente y CEO, se convierte en copresidente de Iusacell”.
Hasta allí la cita que transcribieron algunos medios de prensa sobre la inversión de Televisa en Iusacell que fue autorizada por la CFC bajo condición de que se cumplan siete condicionamientos “que evitan de manera efectiva el riesgo de colusión y promueven una mayor competencia en los mercados de televisión abierta y restringida”.
Pues bien, en relación a lo dicho ayer por Alfonso de Angoitia, uno de esos condicionamientos que impuso la CFC a la operación, el cuarto para ser preciso, dice a la letra en el Comunicado de Prensa emitido el 14 de junio pasado:
“Administración separada: El consejo de administración de Iusacell no puede incluir empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas que estén directamente involucrados en el negocio de televisión abierta o restringida. Los principales directivos de Iusacell deben estar completamente desligados de la administración de cualquier otra empresa de Grupo Televisa y Grupo Salinas”.
Ante la decisión de Televisa y el condicionamiento impuesto por la CFC, las preguntas que los comisionados del órgano antimonopolios deben responder saltan inmediatamente:
¿Cuál es el alcance concreto de lo que la CFC denomina “administración separada”?
¿Qué significa exactamente que el Consejo de Administración de Iusacell no “puede incluir empleados… de Grupo Televisa y Grupo Salinas directamente involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida?
Se entiende que -al participar con 50% de las acciones cada uno- los principales accionistas de ambas televisoras dueñas de Iusacell –Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean– encabecen y formen parte del Consejo de Administración de la telefónica, así como también otros accionistas de las televisoras.
¿Acaso ambos accionistas mayoritarios no están involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida? ¿Qué se evita, concretamente, al excluir a los empleados de ambas televisoras del Consejo de Administración?
¿Acaso el condicionamiento de la cláusula de “administración separada” impuesta a ambas televisoras se puede llevar a la práctica y, aún más, garantiza efectivamente que los directivos de las televisoras no tomen decisiones que afecten la competencia en los mercados relacionados en los que participan?
Quiero creer que la CFC está decidida a hacer valer las (débiles) condiciones que impuso a los gigantes de la televisión para competir en el mercado de la telefonía móvil. Pero eso sólo lo sabremos con las acciones concretas que emprenda.
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