En el marco de la investigación penal por la presunta coacción del voto en favor del candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) revisará el padrón de los trabajadores de la CTM que recibieron tarjetas de beneficios de las tiendas Soriana.
Ese es uno de los documentos que el Ministerio Público de la Federación solicitó el lunes al apoderado legal de la referida cadena comercial, con la finalidad de verificar cuál fue el esquema de distribución de los plásticos, las fechas de entrega y cuáles son las formas de utilización de las mismas.
La PGR también prepara, como un siguiente paso, requerir a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) información respecto a los convenios que se tienen con la organización comercial Soriana para el otorgamiento de las tarjetas, así como la forma en que se reparten entre sus agremiados.
Todo lo anterior, explicaron en la Procuraduría, con el objetivo de verificar primero si son originales los plásticos que se han exhibido ante medios de comunicación, y segundo, si hubo una condicionante de tipo político-electoral premeditada en su otorgamiento.
De acuerdo con la denuncia que ha hecho pública la coalición de partidos de izquierda que postularon a Andrés Manuel López Obrador, miles de tarjetas de beneficios de la mencionada cadena de autoservicio fueron entregadas a potenciales electores con la finalidad de coaccionar su voto a favor del PRI.
En una conferencia realizada la semana pasada, el Movimiento Progresista exhibió tres mil 500 tarjetas con los logotipos de Soriana y de la CTM, que supuestamente fueron utilizadas en esta dinámica de coacción y compra del voto.
Sin embargo, el Director General Comercial de Soriana, Humberto Fayad Wolff, ha rechazado en diversas entrevistas que exista complicidad de la empresa en una operación electoral de este tipo, y aclaró además que los plásticos que se otorgan en convenio con la CTM sólo son recargables en las cajas de las propias tiendas.
En este contexto, la titular de la FEPADE, Imelda Calvillo, instruyó desde finales de junio la apertura del acta circunstanciada por estos hechos, la cual fue elevada a rango de averiguación previa la semana pasada, luego de que se advirtió la posible comisión de delitos del orden electoral federal.
El lunes, el representante legal de Soriana se presentó a declarar ante la FEPADE y reiteró la negativa respecto a que la empresa haya participado en la compra de votos para cualquier partido político.
El Ministerio Público solicitó al abogado de la empresa la documentación respecto al programa o promoción que incluye la repartición de estas tarjetas a la CTM, el padrón de las mismas y los registros de utilización de los plásticos.
Para profundizar en el caso, se estudia también requerir a la mencionada agrupación gremial datos sobre la distribución de este tipo de plásticos a sus afiliados o a quienes resulten beneficiados, y bajo qué circunstancias se otorgan.
Además, la Fiscalía espera también que los denunciantes y agraviados, en este caso los partidos de izquierda del Movimiento Progresista, a través de sus representantes legales, ratifiquen sus señalamientos y aporten mayores pruebas que acrediten la supuesta coacción que están denunciando.
En la PGR aclararon que el delito que puede sancionarse en contra de quien resulte responsable es el de coacción del voto, el cual -como la mayoría de los ilícitos electorales- no es grave y otorga el beneficio de la libertad bajo fianza.