De los 39 ataques que han ocurrido contra medios de comunicación en el actual sexenio, en ninguno de ellos hay una persona detenida como presunta responsable, y las averiguaciones previas han quedado, todas, sin avances, dijo ayer el oficial de Prevención y Seguridad de la organización Artículo 19, Ricardo González.

 

La falta de investigación, dijo, provoca que prevalezca la impunidad y continúe el registro de este tipo de hechos, como es el caso de los tres ataques con granadas que se realizaron el pasado martes en contra del periódico El Norte de Monterrey, Nuevo León, y El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

 

Cuestionado sobre si había acuerdos con las autoridades de esas entidades para que resguardaran las instalaciones de El Norte, tanto del suplemento La Silla, como las de la sucursal Lindavista, ubicada en municipio de Guadalupe, el directivo del referido organismo especializado en el tema de libertad de expresión, dijo que desde la mañana del martes había rondines, pero no policías en guardia permanente.

 

Respecto a si esta petición no se había hecho, dijo que lo que se requiere es atacar la impunidad y que exista castigo para quienes los llevan a cabo.

 

“No podemos convertir las redacciones del país en bunkers, lo que se necesita es un combate a la impunidad. Los medios están en un escenario de fuego cruzado”, aseguró.

 

González argumentó que lo único que se ha hecho hasta hora por parte de las autoridades en los ataques a medios, es abrir una averiguación y darle el número a un expediente, en el cual no se investiga.

 

Con relación al atentado contra el periódico El Mañana de Nuevo Laredo, también ocurrido  la mañana del pasado martes, dijo que este ocurrió a las 6:30 de la mañana, cuando lanzaron una granada contra la fachada del edificio, y la misma estalló en la entrada sin ocasionar más que daños materiales.

 

González estableció que en el caso de este diario tamaulipeco, desde el primer ataque que sufrió en 2009, la determinación de los dueños de ese medio ha sido dejar de publicar notas relacionadas con hechos violentos o ligados a asuntos de crimen organizado, ante la falta de condiciones para poder hacerlo.

 

Respecto a cómo tienen clasificadas ambas entidades con relación al nivel de riesgo para el ejercicio periodístico, anotó que en el caso de Tamaulipas no sólo por el número de ataques y de periodistas muertos, sino por otros factores ligados con la violencia, se trata de una “zona del silencio” en donde lo que se ha impuesto es la autocensura.

 

Mientras tanto, en el caso de Nuevo León, las agresiones, las desapariciones de periodistas que no han sido encontrados, el homicidio de uno de ellos en enero pasado, lo que se vive en esa entidad es un escenario de fuego cruzado que impacta a los medios de comunicación.

 

Este año, además de los ataques del martes a ambos diarios ubicados en el noroeste del país, han sido asesinados siete periodistas en los estados de Veracruz, con cinco casos; Sonora y Nuevo León, con un caso cada uno, y dos más han sido secuestrados; uno de ellos aún está en calidad de desaparecido.

 

México es considerado por organismos internacionales de derechos humanos como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo.