Con la finalidad de combatir de manera más eficiente el problema de la falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas, México firmó hoy el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) ante el gobierno japonés, depositario del Acuerdo.
Este acuerdo, firmado por el embajador de México en Japón, Claude Heller, establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales, informó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Resaltó que México, comprometido con fortalecer su Estado de derecho y con promover su crecimiento económico, se une a Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y la Unión Europea en la firma de este instrumento.
El ACTA pretende una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual de los mexicanos, atraer nuevas inversiones, asegurar las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creación de empleos formales, así como fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas, resaltó.
El IMPI refirió que el ACTA surge en momentos en que México enfrenta un grave problema de falsificación de marcas y de piratería en distintas ramas industriales, que involucra desde prendas de vestir, calzado deportivo, música y cinematografía hasta productos que atentan contra la salud y seguridad de los consumidores, como medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco y autopartes.
En 2011 el Foro Económico Mundial señaló que el valor del comercio ilegal asciende a 1.3 billones de dólares y, de este universo, los rubros relacionados directamente con la propiedad intelectual se ubican en el orden de 360 mil millones de dólares, siendo la falsificación de medicamentos la más elevada con 200 mil millones de dólares.
El ACTA provee un marco general de buenas prácticas de observancia y cooperación internacional que protege los trabajos, la creatividad, las exportaciones y el bienestar de los mexicanos, y se constituye en un instrumento equitativo y razonable frente a otros derechos, destacó.
El Instituto aclaró que el ACTA no violenta los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana y por los Tratados Internacionales de los que México es parte.
Puntualizó que la aplicación del ACTA no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en plataformas como Internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video.