En el último año los precios de las frutas y verduras se incrementaron 12.75%, según la medición de precios que realiza periódicamente INEGI, es decir, el triple del incremento general de los precios.

 

Con todo, es probable que como consumidores tengamos la impresión de que el incremento de precios en los productos del campo ha sido mucho mayor. Y seguramente así es, dado el fuerte incremento de precios que hemos visto en los productos de mayor consumo en la cambiante dieta del mexicano.

 

Por ejemplo, el precio del jitomate se incrementó más de 37% entre junio pasado y junio de 2011, o el tan solicitado tomate verde en la cocina mexicana incrementó su precio en casi 56% en un año. Otros productos del campo como el pepino (41%), la carne de res (16%), la naranja (15%) o la manzana (12%) también sufrieron fuertes incrementos de precios en relación a la inflación general. Y es probable que en la próxima medición quincenal de precios, INEGI reporte fuertes incrementos de precios en el huevo -que tiene una alta incidencia en el índice de precios al consumidor- y en la carne de pollo a raíz del brote de influenza aviar que ha afectado a las granjas del estado de Jalisco durante las últimas dos semanas.

 

Se entiende que, por su propia naturaleza, los precios de los productos agropecuarios sean volátiles. Hay que considerar que, especialmente los productos agrícolas, están sujetos a las cambiantes e inesperadas condiciones climatológicas que han azotado al país con fuertes estragos sobre la producción y los precios de algunos cultivos relevantes para la dieta del mexicano como el frijol o el jitomate. Además, los precios internacionales también han sido impactados -en los últimos años- por las presiones de demanda en las grandes economías emergentes de Asia. Estos son los “shocks” de oferta y demanda agrícolas que impactan los precios.

 

Sin embargo, detrás de estos “shocks” que elevan los precios temporalmente existe -lo que podríamos llamar- una “inflación estructural” de precios agropecuarios en México, determinada en buena medida por lo que el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, denominó en una entrevista que le hice recientemente, como “mal diseño institucional”.

 

¿A qué se refiere? Simplemente a que existe una inflación de precios en los productos del campo por dos razones: Primero, porque 53% del territorio produce en base al régimen de propiedad social, con parcelas muy pequeñas, informales, que alimentan la corrupción y encarecen los productos. Y segundo, que existe un absoluto descontrol y desorden en las responsabilidades de los tres niveles de gobierno, lo que hace ineficiente y encarece el proceso de producción, de control sanitario, de distribución y de venta de los alimentos. Y, además de todo ello, provoca despilfarro e ineficiencias en el ejercicio del gasto público orientado al campo.

 

Esta inflación que hace notar Mayorga Castañeda también está incorporada en los altos precios que pagan los consumidores de alimentos del país y que registra INEGI quincena a quincena.

 

Habría que comenzar por allí, antes de culpar sólo al clima o a los chinos de las alzas en los precios del maíz o de los frijoles.

 

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