Diputados federales de las diversas fracciones legislativas consideraron que el Ejecutivo Federal debe publicar la Ley de Atención a Víctimas, porque de no hacerlo podría caer en desacato.
En entrevistas por separado, reconocieron el derecho que tiene el Poder Ejecutivo Federal para promover una controversia constitucional, lo que provocará retraso mayor a la publicación de esa ley.
En su oportunidad, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús María Rodríguez Hernández, advirtió que el Ejecutivo Federal debe publicar dicha ley, ya que de no hacerlo incurrirá en desacato al Poder Legislativo.
“La publicación no requiere refrendo, no hay plazo, pero se entiende que es un desacato a la autoridad del Poder Legislativo no instruir la publicación de esa ley, y de no hacerlo, el secretario de Gobernación está incurriendo en desacato a un mandato y puede haber un procedimiento”, señaló.
Comentó que si el Ejecutivo Federal considera que la Ley General de Víctimas, tal como el Congreso la aprobó, contiene puntos que puedan ser perfectibles, está en su derecho de presentar una iniciativa que reforme los artículos, en tanto, es obligación del gobierno federal publicarla en el Diario Oficial de la Federación.
En tanto, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gustavo González Hernández, llamó a la Secretaría de Gobernación a trabajar una iniciativa y hacer las correcciones correspondientes a la ley para atender la demanda de las víctimas y sus familiares.
“Haría un llamado a la Secretaría de Gobernación a trabajar en una iniciativa que permita corregir los defectos y observaciones que se consideren, y evitar entrar en una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expuso.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) puntualizó que el documento de observaciones se presentó de forma extemporánea, y que se debe integrar una mesa para hacer las modificaciones necesarias.
Dijo que no se descarta la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones para revisar las observaciones enviadas por el Ejecutivo y sostuvo que el PAN considera proponer a la Junta de Coordinación Política un periodo extraordinario para atender el tema.
A su vez, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Francisco Rojas Gutiérrez, afirmó que la Ley General de Protección a Víctimas del Delito es perfectible, y no ve problema para que se publique, como lo mandató el Congreso de la Unión.
Aclaró que las observaciones del Ejecutivo Federal pueden integrarse mediante una iniciativa y reconoció que, evidentemente, el gobierno federal tiene la opción de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque eso podría llevar muchos meses.
El diputado federal indicó que la ley contempla un periodo de gracia para que entre en vigor, que son 180 días y se cumplen hasta diciembre próximo, por lo que hay tiempo suficiente para hacer las modificaciones necesarias.
En tanto, el diputado del PRI, Humberto Benítez Treviño, manifestó que el debate de fondo es si se respeta o no el orden constitucional, pero aclaró que no se puede esgrimir el orden constitucional para violar la técnica legislativa.
En su oportunidad, el vicecoordinador del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Luis Jaime Correa, refirió que el Ejecutivo debe ser más sensible con las víctimas del delito, por lo que la ley en esa materia debe publicarse, y si se desea, reformarla después.