La adhesión de México al Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) requiere la ratificación o rechazo del Senado de la República para que entre en vigor, señalaron abogados especialistas en temas de Internet.
“Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es someter la firma de este acuerdo a la consideración del Senado para su ratificación o rechazo y en tanto ACTA no se incorpora a nuestro sistema jurídico”, refirió la presidenta de Observatel, Irene Levy.
Para la especialista, uno de los puntos preocupantes del documento esta en el artículo 27 denominado “Observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital” que faculta a los proveedores del servicio de Internet a monitorear a los usuarios sin la existencia de una orden judicial.
“Detrás de esto tenemos el constante e intenso deseo de algunos países de controlar Internet, con esto se abriría una gran ventana para monitorear y nos parece muy peligroso, más allá de los derechos de autor, creo que esto encierra este deseo de tener un mecanismo de control y de limitar la libertad que existe en Internet”, consideró Levy.
Por su parte, el abogado Agustín Ríos coincide en que la ratificación de la firma de este acuerdo por parte del Senado implicaría inhibir el crecimiento de la Web, propiciar que los proveedores de Internet puedan convertirse en sensores que fiscalizan o intervienen las comunicaciones de los usuario sin tener la garantía de un debido proceso judicial.
“Coartar el libre flujo de información también llamado neutralidad de la red puede atentar en contra del derecho a la información de los ciudadanos que además es un derecho consagrado en el artículo sexto constitucional”, opinó.
Los especialistas enfatizaron que la oposición a la firma de ACTA no significa desconocer los daños que causa la piratería a la economía en su conjunto; sin embargo -aseguraron- es necesario ver que la redacción de este acuerdo podría vulnerar garantías fundamentales plasmadas en la Constitución mexicana.
Por su parte, el presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital y Secretario de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Rodrigo Pérez-Alonso dijo que esta acción representa un “desafío” al Poder Legislativo.
“Manifestamos nuestro rechazo a un acuerdo comercial que atenta contra las libertades de los usuarios de Internet, y pretende convertir a los proveedores de servicios de Internet en un cuerpo policiaco del Estado”, indicó.
Enfatizó que los argumentos que esgrime el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no reflejan la letra del acuerdo, que, dijo, entorpece el libre intercambio de información a través de Internet, punto de partida de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
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