Tras ser aprobada por 18 congresos estatales, la reforma política que permite consulta popular, candidaturas independientes e iniciativas populares estará aprobada, promulgada, publicada y en vigencia antes de que termine esta Legislatura, el próximo 31 de agosto.

 

El diputado Felipe Solís Acero, integrante de la comisión de Gobernación y responsable de presentar la postura del PRI en la sesión en la que el Congreso de la Unión aprobó la reforma, indicó que la reforma constitucional en materia política, al ser aprobada ayer por el Congreso de Puebla, está en posibilidad técnica de ser declarada procedente porque ya reunió los requisitos que establece el artículo 135 constitucional.

 

“En ocasiones, dependiendo de la trascendencia de la reforma, se espera a que se sumen más votos de congresos. Es una decisión política. Podría hacerse el miércoles, hay voluntad para eso”, señaló el legislador.

 

La Carta Magna marca que se requiere de los votos de la mayoría de los Congresos locales para implantar una reforma a la Constitución federal.

 

Hasta el 12 de julio, los congresos locales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí y Michoacán, habían aprobado la reforma política.

 

La reforma aprobada por los estados contempla las iniciativas ciudadanas, candidaturas independientes, la consulta popular (que se realizará cuando sea solicitada por 2% de los ciudadanos y aplicará siempre y cuando participe 40% del padrón electoral), dos iniciativas presidenciales preferentes por periodo de sesiones, regula la figura de presidente sustituto y se instauran mecanismos para garantizar la toma de protesta del presidente.

 

Lo que sigue ahora también está detallado en el mismo artículo 135: “El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas (estatales) y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.

 

Tras esto, la declaratoria y la reforma serían enviadas al Poder Ejecutivo, quien las publicará en el Diario Oficial de la Federación detallando una fecha a partir de la cual regirán los cambios.

 

El Poder Ejecutivo tiene 30 días naturales para publicar la reforma, dijo, Solís Acero.

 

No obstante, la reforma política que ahora han avalado los estados es una mínima parte de la que inicialmente planteó el gobierno federal. En diciembre de 2009, el presidente Felipe Calderón propuso 10 paquetes de modificaciones, entre las que destacaban las candidaturas independientes a nivel constitucional; facultar a la Suprema Corte para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia y al Ejecutivo para presentar al Congreso observaciones a los proyectos de ley aprobados, así como al Presupuesto de Egresos; segunda vuelta en la elección presidencial y permitir la elección consecutiva de alcaldes, regidores, jefes delegacionales, diputados federales y locales; reducción de 100 diputados y 32 senadores y aumentar el mínimo de votos necesarios para que un partido conserve su registro (4%).

 

Paralelamente, en 2010, tanto el PRI como los partidos de izquierda presentaron sus propuestas de reforma política.

 

Durante ese año, todos esos planteamientos se tradujeron en 40 grandes temas de  discusión. Sólo cuatro perduraron. Además, en la negociación se introdujeron otros dos temas, al final avalados: ratificación de los titulares de los órganos de control del gobierno, y cambios a la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

 

El diputado consideró que la aportación más significativa de la reforma está en la posibilidad de ampliar la participación de los ciudadanos en la vida política nacional a través de la consulta popular, que permite a los ciudadanos, por ejemplo, pronunciarse sobre decisiones de política pública o modificaciones legislativas relativas a su municipio; la iniciativa popular, que permite a los ciudadanos, si reúnen cierto número de firmas, a presentar iniciativas ante las Cámaras y el Congreso está obligado a dictaminarlas, y la tercera es la de candidaturas independientes.

 

Por su parte, Óscar Arce, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, indicó que los aspectos medulares de la reforma, como la relección legislativa y la reconducción presupuestal seguirán siendo parte de la plataforma del PAN y que en la siguiente legislatura se seguirá insistiendo en su aprobación.

 

“Hay más posibilidad porque está más equilibrada la Cámara en torno a las mayorías. Tenemos la posición clara del Panal, que ahora no tuvo que ponerla, porque el PRI y el Verde hacen mayoría, pero si el Panal estuviera a favor pasaría una parte de la reforma constitucional”, dice.