El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, negó que hubiera prejuzgado respecto a la impugnación de la elección presidencial presentada por el Movimiento Progresista.

 

“Nunca he anticipado un juicio. Eso lo dije en mi informe mucho antes de que hubiera un proceso electoral y creo que es precisamente uno de los tesoros más grandes de la democracia, que es cuidar el voto”, subrayó.

 

El Movimiento Progresista pidió que el magistrado Luna se excuse de participar en la discusión sobre la impugnación de los comicios por declarar que los resultados alcanzados en las casillas no se modificarán por impugnaciones en los tribunales.

 

Luna expuso que una vez que se presente dicha solicitud “la analizaremos y se resolverá conforme a derecho proceda”, y agregó que deberá ser el resto del tribunal quien decida.

 

Ayer se formalizó a través del Diario Oficial de la Federación el avisó donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informa a todos los mexicanos que los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar serán los miembros de la comisión que validará o en su caso invalidará los resultados de la elección presidencial.

 

El trabajo de los jueces será la elaboración del proyecto de cómputo final y el exhaustivo análisis de todas las pruebas presentadas por la coalición Movimiento Progresista para que se declare la invalidez de los comicios del pasado 1 de julio.

 

De manera unánime los siete magistrados electorales decidieron la integración de la comisión, que fue zanjada de manera privada el 25 de junio pasado.

 

Cabe subrayar que el magistrado Flavio Galván estuvo en la calificación de la polémica elección de 2006; la comisión tiene como plazo crucial el 6 de septiembre para presentar su proyecto y éste sea sometido a votación de la Sala Superior.

 

Referente a la entrega de la documentación sobre el recurso de impugnación por parte del movimiento lopezobradorista, el presidente del Tribunal dijo que una vez entregada la documentación sólo queda analizarla y resolver conforme a derecho: “Ya tenemos una estrategia fincada, ya tenemos un grupo de magistrados que van a ser los encargados de atender esta situación, Carrasco Galván y Nava serán los encargados de formular el proyecto para tenerlo a la brevedad”.

 

Tras 40 años de trabajo, el magistrado Luna señaló que gracias a su vasta experiencia puede trabajar de manera rigurosa y definitivamente nadie lo puede presionar ni mucho menos afectar.

 

 

Fiscalizadores del IFE, con el tiempo en contra

 

 

Por: Diego López

 

En los casos Monex y Soriana, la autoridad tiene facultades de investigación pero el análisis de asuntos en los que se presume triangulación de recursos hacia una campaña es sumamente complicado, por lo que es difícil establecer cuándo se concluirá la investigación, señaló el consejero electoral Lorenzo Córdova.

 

Córdova, quien fue colaborador de José Woldenberg en el proceso electoral de 2000, recordó que cuando él escribió un libro junto con Ciro Murayama sobre el caso Amigos de Fox y Pemexgate, pidieron información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y comenzaron a trabajar por periodos determinados.

 

“Lo que te aparece es una cantidad de movimientos, que pueden ser pocos o muchos, en el caso de una gran empresa son muchos, y tienes que ir viendo cada ingreso y cada egreso compulsándolo con lo que tienes en tu investigación”.

 

De ahí consideró que sea imposible que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral dé una fecha para concluir su investigación de los casos Monex y Soriana. “Puede ser que sí, puede ser que no, sería una irresponsabilidad decir cuánto”.

 

También señaló que la investigación es muy compleja porque aunque se puedan hacer presunciones, “si no demuestras que el dinero sí entró a las campañas, no funciona; se notará la triangulación, depósitos y mil cosas, pero si no se sustenta jurídicamente que entró ese recurso, el análisis no sirve”.

 

Los encargados de la investigación, dice, probablemente se encontrarán con un ingreso o transferencia que deberán rastrear y solicitarán información de otra cuenta, a partir de ese momento se convierte en otro requerimiento, por lo que se debe iniciar una nueva investigación, pero ahora de la cuenta de transferencia.

 

En el tema de la coacción del voto, la ley establece que es un ilícito pero la modernización de los métodos de compras ha estado en las agendas de los partidos políticos: “El capítulo de delitos electorales, la última vez que se modificó fue hace 16 años y el grueso de los delitos electorales son de 1993”.

 

El consejero Córdova hizo hincapié en que las reglas de esta elección fueron pactadas por un amplio consenso por parte de todas las fuerzas políticas. Si se acusa que el IFE es omiso en materia de fiscalización, en realidad debe entenderse que el órgano electoral únicamente realiza lo que la ley establece para esa materia y en la actualidad la fiscalización que permite determinar si un partido violó los topes de campaña inicia 60 días después de que se celebró la elección.

 

Desde la reforma electoral de 2007 se ha abierto el secreto bancario más de mil veces, muchas de ellas en este proceso 2011-2012.