México volvió a ser noticia en la prensa internacional por los resultados de una investigación del Subcomité Permanente de Investigación del Senado estadunidense en el que se involucra al banco inglés HSBC, y a su filial mexicana, como conducto de operaciones de lavado de dinero presuntamente provenientes del narcotráfico.
Pero eso no es todo. El informe del Senado estadunidense también apunta a casas de cambio que fueron fachadas del narcotráfico para realizar operaciones con los grandes bancos del país y del exterior. El nombre de Monex ya había aparecido en otra investigación similar en EU.
El lunes pasado HSBC reconoció la debilidad de sus controles para evitar este tipo de operaciones ilegales, pero -ojo- la raíz de la laxitud bancaria está en el aliento generalizado de una cultura corporativa dispuesta a obtener ganancias a toda costa, cultura que estuvo detrás de la crisis hipotecaria que hizo estallar en pedazos a la banca de inversión estadunidense en 2008.
En el caso de HSBC ni las autoridades regulatorias, ni judiciales, ni policiacas, ni los políticos, ni los banqueros pueden llamarse sorprendidos por los resultados que obtuvo el Senado estadunidense.
El 1 de diciembre de 2010 el ex gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, señaló públicamente a las Sofomes y Sofoles como sujetos financieros de riesgo por lavado de dinero debido a la escasa vigilancia y regulación que tienen. Estoy seguro que Ortiz no hablaba al tanteo.
Pero el señalamiento no es nuevo. Edgardo Buscaglia, un experto en seguridad internacional, ha insistido desde hace tiempo en foros públicos y medios de comunicación sobre la ausencia de una estrategia eficaz de las autoridades mexicanas para detectar los vínculos del crimen organizado con el sistema financiero. No es posible concebir la multimillonaria actividad de lavado de dinero que realiza el crimen organizado en México -Hacienda la calcula en un monto que va de 19 a 29 mil millones de dólares anuales- sin su conexión con el sector financiero.
En una entrevista -el 2 de junio de 2011- el subsecretario de Hacienda y responsable del sistema financiero del país, Gerardo Rodríguez, me confirmó que efectivamente se usa el sistema financiero para actividades ilícitas pero que “con ‘inteligencia’ se ha podido contrarrestar”. Le pregunté si se realizaban reuniones con los banqueros para abordar estos asuntos, y su respuesta fue “sí hay una revisión y una agenda cotidiana de trabajo”.
Sin embargo, a la luz de los resultados parece ser que el trabajo coordinado no ha sido muy eficaz. Cuatro meses antes, el 2 de febrero del año pasado, el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez, puso en entredicho los avances en materia de lavado de dinero. Me dijo: “Lo que hace falta es que se llegue a acuerdos. Vamos a tener que sentarnos otra vez a platicar, porque viene la ley de seguridad y allí un tema específico es el lavado de dinero. Lo que no vemos bien es que la autoridad nos pase una responsabilidad que les corresponde a ellos”. Se repiten las advertencias y las quejas y escasean los resultados.
Por eso creo que lo que puso en evidencia el Senado estadunidense es la tibia determinación de las leyes y autoridades mexicanas para contrarrestar la evidente penetración del crimen organizado en los canales financieros de la economía.
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