Andrés Manuel López Obrador acusó al ex candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, de un presunto lavado de dinero a través de Monex, además de advertir que procederá penalmente contra las autoridades por encubrimiento en caso de que no investiguen a fondo.
López Obrador señaló que de acuerdo con una serie de documentos entregados de manera anónima al Movimiento Progresista diversas empresas y al menos una persona física transfirieron o depositaron recursos millonarios a Monex para financiar a operadores del PRI durante los meses de campaña.
Estas compañías son Comercializadora Atama, Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan, además de un particular de nombre Rodrigo Fernández Noriega, quienes realizaron un total de 19 depósitos por 29 millones 971 mil pesos a Grupo Monex.
De acuerdo con la izquierda, los recursos transferidos forman parte de las operaciones financieras entre Monex y las empresas Importadora y Comercializadora Efra y Grupo Comercial Inizzio, a través de las cuales se repartieron al menos 108 millones 200 mil pesos en tarjetas electrónicas para pagar a operadores electorales del PRI.
Además, se descubrió que Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Atama se constituyeron el mismo día, 27 de octubre de 2006, ante el mismo Notario Público, número 165 del Distrito Federal, ambas con el mismo apoderado legal: Alejandro Jaén Pérez Lizárraga.
Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan fueron constituidas el 11 de septiembre de 2008 ante el notario 44 del Distrito Federal, ambas con Demetrio Jordenn Sabat como apoderado legal; la coalición dio a conocer el número de registro de las empresas, su domicilio y la actividad comercial a la que se dedican, así como su composición accionaria pero no mostró los documentos del Registro Público de la Propiedad.
La coalición resaltó que el IFE acreditó que operadores del PRI en Guanajuato utilizaron tarjetas de Monex para pagar a representantes generales y promotores del voto, según reconoció ante los medios el ex candidato tricolor a la gubernatura de dicha entidad, Ignacio Torres Landa García, de acuerdo con el expediente SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012.
En esta investigación, el IFE aceptó como prueba cinco “tarjetas de recompensa” emitidas por Monex para financiar a operadores del PRI, entre ellos, Eduardo Uribe Aguilar, identificado como representante general de la campaña de Peña Nieto, de acuerdo con un documento firmado por el ex gobernador mexiquense.
“Tengo elementos para decir que en la campaña de Peña Nieto se utilizaron recursos de procedencia ilícita y esto lo prueba. Sería muy grave que no se actuara. Vamos a utilizar todo lo que establece la Constitución y las leyes. Si no se investiga el asunto, si hay impunidad, vamos a proceder en contra de las autoridades responsables”, señaló el tabasqueño en alusión al IFE, el Tribunal Electoral, la FEPADE y la CNBV.
Aunque Jaime Cárdenas, responsable jurídico del Movimiento Progresista, reconoció que las pruebas con las que cuenta la izquierda no permiten asegurar que el dinero utilizado en el llamado Monexgate proviene de dinero público o el crimen organizado, pidió que el Tribunal Electoral llegue al fondo del asunto para acabar con las especulaciones antes de calificar la elección presidencial.
“Si una empresa o persona participa en una triangulación como esta, con depositantes que ocultan su origen como Atama, Koleos o Rodríguez Noriega, que aportan a Monex y ésta a su vez no beneficia a las personas que aportaron sino a otras empresas como Inizzio o Efra ¿qué se supone a partir de ello? Que los recursos provienen de los presupuestos públicos estatales o posiblemente del crimen organizado. Estamos pidiendo que se investigue precisamente eso”, dijo.
Cárdenas explicó que las izquierdas esperarán a que sean los magistrados del TEPJF los que presenten una denuncia formal ante la PGR, ya que el Artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que toda autoridad que tiene conocimiento de un hecho delictivo debe denunciarlo ante las autoridades competentes. De lo contrario, reconoció que podrían proceder legalmente contra las autoridades electorales por el delito de encubrimiento, según lo establecido en el Artículo 400 fracción tercera del Código Penal.
Comments are closed.