La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, defendió hoy su política de suspensión de la deportación a jóvenes indocumentados ante críticas de los republicanos que la calificaron como “amnistía”.
“La acción diferida no proporciona a una persona un estatus de residencia permanente legal o cualquier estatus en Estados Unidos”, enfatizó Napolitano en su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
La secretaria señaló que la medida tampoco ofrece un camino a la ciudadanía, tarea que corresponde “sólo al Congreso” por medio de su autoridad legislativa.
“Corresponde al poder Ejecutivo, sin embargo, establecer política para el ejercicio de la discreción procesal dentro del marco de la ley existente, lo cual hemos hecho en este caso”, anotó.
Napolitano citó la decisión reciente de la Suprema Corte sobre la ley SB1070 de Arizona cuando indicó que una característica principal del sistema de deportaciones es la amplia discreción que ejercen los agentes de migración.
Agregó que el presidente estadunidense Barack Obama ha indicado que muchos de los jóvenes beneficiados que llegaron de niños a Estados Unidos “son estadunidenses en su corazón, en su mente, en cada forma, excepto en el papel”.
“Esa nueva política representa un próximo paso lógico en nuestros esfuerzos de transformar el sistema de aplicación de la ley de inmigración en uno que se enfoque en la seguridad pública, la seguridad fronteriza y la integridad del sistema de inmigración”, recalcó.
Napolitano subrayó que los casos de acción diferida permitirán asegurar que los recursos no se asignen a casos de baja prioridad que involucran a jóvenes productivos, sino en la identificación y deportación de los delincuentes y en otras prioridades.
Sin embargo, el presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Lamar Smith, dijo que “funcionarios de la administración Obama han decidido recientemente otorgar una amnistía general bajo la apariencia de ‘acción diferida’” y permiso de trabajo a indocumentados.
“Esa decisión sin precedentes ignora el Estado de derecho que es la base de nuestra democracia”, puntualizó.
Señaló que al ejercer su responsabilidad de aplicar la ley, el poder ejecutivo tiene el poder de la discreción procesal con base a caso por caso, “pero esta autoridad no se puede utilizar para sistemáticamente desmantelar nuestras leyes de inmigración”.
“La decisión de esta administración de otorgar amnistía administrativa a una gran escala, ignora el Estado de derecho y la separación de poderes”, anotó.
Agregó que mientras, los 23 millones de estadunidenses desempleados o subempleados tendrán que competir con inmigrantes indocumentados a los que se les concederá un permiso de trabajo.
Una inquietud similar expresó durante la audiencia el legislador republicano, Steve King, quien sostuvo que el poder Ejecutivo “no puede legislar por órdenes ejecutivas ni memorandos”.
Napolitano respondió que la decisión tomada por el Departamento de Seguridad Interna no fue objetada por Obama, quien consideró apropiada anunciarla porque refleja las prioridades del gobierno respecto a la aplicación de la ley de migración.