El caso HSBC ha levantado todo tipo de críticas sobre la actuación de las autoridades financieras que no detuvieron a tiempo a un banco que, por su laxitud y complacencia, se había convertido en el favorito de las organizaciones criminales.
La pregunta que salta es, ¿y quién es responsable de que esto haya ocurrido?
Se puede argumentar incompetencia de los funcionarios y autoridades a cargo del caso, comenzando por los supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o de la Subsecretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda o, incluso, señalar responsabilidades a funcionarios a cargo del sistema bancario al interior del Banco de México.
También se puede apuntar a la debilidad del actual marco legal sobre prevención y sanción de delitos por lavado de dinero y terrorismo en el sistema financiero. Y efectivamente las leyes en la materia han quedado rebasadas y las iniciativas para actualizarlas siguen pendientes en el Congreso, como tantas otras, por intereses particulares que se imponen a los intereses públicos.
Pero la razón más importante por la que en este y otros casos las autoridades brillan por su ineficacia es porque en México la mediocridad de sus políticos les llevó a construir instituciones a la imagen y semejanza de sus mezquinos intereses. Instituciones incapaces de construir credibilidad ante la sociedad.
Allí está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el propio Instituto Federal Electoral, la Procuraduría Federal del Consumidor o la Comisión Reguladora de Energía, por citar algunos casos.
Hace algunos años atrás un presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores me confesaba su incapacidad institucional y política para sancionar a un banco por prácticas fuera de la ley y cuyo principal accionista y dueño -según me dijo- “hablaba directamente con el presidente de la República”.
Un caso del regulador capturado por el poder y la influencia política de su regulado, maniatado por una ley que le exige supervisar a poderosos sin darle los instrumentos y recursos institucionales y personales para hacerlo, y dejado a su suerte para enfrentar la furia de uno de estos potentados.
El actual presidente del organismo responsable de la supervisión bancaria en el país, Guillermo Babatz, ha dicho que, por años, una y otra vez insistió en que HSBC corrigiera su situación. ¡Una estampa lamentable de un regulador sin autoridad!
Pero hagamos memoria. ¿Acaso no fue la Securities and Exchange Commission la que investigó en 2003 el fraude en el caso Codisco en contra de Ricardo Salinas Pliego y que fue revelado en diciembre de ese año por The New York Times? O un caso más reciente del que nadie quiere hablar, ¿acaso hubo violaciones a las leyes durante el quebranto generalizado de los desarrolladores inmobiliarios y los mecanismos implementados para su “rescate” oficial?
Es allí, en el diseño “a modo” de instituciones mediocres en donde está el problema de fondo; instituciones cuya credibilidad está permanentemente en entredicho. Por eso la construcción de credibilidad de instituciones como éstas, comienza por concretar reformas políticas que rompan con los monopolios del poder e impongan los necesarios contrapesos con una fuerte presencia ciudadana.
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