El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, propuso una reforma al Código Estatal Electoral para prohibir la propaganda que critique a cualquier partido político, coalición o candidato.
El planteamiento también advierte que los partidos políticos serán sancionados si contratan mensajes dirigidos a promover el voto en contra de otro partido, coalición o candidato.
La iniciativa enviada por el mandatario veracruzano al Congreso local para su análisis contempla en el Título Quinto de su capítulo II De Acceso a Medios de Comunicación, artículo 48, que la referida restricción se extiende a periódicos, revistas y portales en internet, entre otros medios y sólo exceptúa a la radio y la televisión.
En el citado apartado de la propuesta se establece de forma textual: “Las organizaciones políticas no podrán contratar espacios publicitarios en aquellos medios que aun habiendo efectuado los registros señalados en este artículo publiquen mensajes en contra de cualquier partido, coalición o candidatos”.
La iniciativa propone que los medios entreguen un catálogo de tarifas, por unidad y por paquete para espacios publicitarios, y se comprometan a no obsequiar espacios a ningún partido, coalición o candidato, “salvo que opere para todos en la misma proporción”.
La condicionante para los partidos de no contratar espacios en los que promueva el voto en contra de sus adversarios apunta que considera una infracción a sus obligaciones.
La propuesta de reforma al Código Estatal Electoral, que ya fue turnada por la LXII Legislatura a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, pretende modificar las reglas en materia electoral y de cobertura de medios con miras a los comicios del próximo año, en el cual se renuevan 222 ayuntamientos y 50 diputaciones locales (30 de mayoría y 20 de plurinominales).
De acuerdo con otra reforma hecha el año pasado, el periodo de los presidentes municipales y los cabildos será de cuatro años; es decir, que les tocará la próxima elección de gobernador que será en 2016.
El 20 de septiembre del año pasado, el Congreso local aprobó la Ley sobre Perturbación del Orden Público, en la cual se podía acusar a los usuarios de internet de terrorismo y sabotaje por propagar información falsa a través de las redes sociales.
Para lograr esa reforma se modificó el Código Penal de esa entidad y se estableció cárcel para quienes difundieran rumores que generaran “inestabilidad”, por un plazo de uno a cuatro años.
La detención de dos twiteros por ese delito desató críticas en el país y las autoridades locales tuvieron que liberar a los presuntos responsables.