Para sustentar legalmente la lucha contra el narcotráfico, el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales prohíbe la exhibición mediática de personas detenidas sin que hayan llegado al Ministerio Público Federal o la “costumbre” de presentar videograbaciones con declaraciones extraministeriales.
Estas formas de presentar a presuntos delincuentes serán motivo suficiente para que los detenidos sean liberados una vez que se ponga en marcha el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Dicha normativa, cuyo proyecto está listo para ser discutido y aprobado por el Congreso de la Unión, tiene como uno de sus puntos centrales el control estricto de las detenciones y el mandato de que toda persona aprehendida sea de inmediato presentada ante el Ministerio Público.
Según especialistas consultados, las presentaciones de personas detenidas e incluso las grabaciones con declaraciones extraministeriales que llevan a cabo la Policía Federal, el Ejército y la Marina serán violatorias de la normativa legal penal.
En un juicio oral, por ejemplo, una irregularidad de ese tipo es suficiente para que la defensa exponga en la audiencia pública que el procedimiento se encuentra viciado de origen y solicite la anulación de todos los cargos impuestos.
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que el proyecto del nuevo código procesal está sustentado en las bases de la “excelencia procesal” que exigirá el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Uno de los puntos medulares de la nueva normativa es la estricta tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, testigos, víctimas y probables responsables, que se vean envueltos en una investigación y eventual proceso.
Con dichas directrices, el gobierno federal busca protegerse de futuras denuncias internacionales en materia de derechos humanos producidas durante la lucha contra el crimen organizado.
En este sentido se establece que luego de la detención en casos de flagrancia, urgencia o cumplimiento de una orden judicial, la puesta a disposición ministerial se hará de forma inmediata y sin excepciones, preservando todas las garantías constitucionales a las que el involucrado tiene derecho.
Lagunas legales
En entrevista con 24 HORAS, el ex juez de Chihuahua e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, subrayó que la inmediatez en la puesta a disposición es un principio constitucional que ya ha estado presente en los códigos anteriores, pero que no era respetado porque las consecuencias jurídicas eran escasas.
“Digamos que era visto solo como una cosa de mero trámite, pero ya no será así, porque con los juicios orales este tipo de irregularidades podrán ser evidenciadas y tendrán sus consecuencias; ya no se quedarán solo en el papeleo como ocurre con el actual sistema”, indicó.
Gutiérrez dijo que los códigos procesales para el sistema acusatorio que se han venido aprobando a nivel estatal coinciden en hacer un “énfasis categórico” en el control de la detención, pues se trata de una fase vital del proceso que es revisada de forma minuciosa en las audiencias judiciales del caso.
Por su parte, el coordinador del programa “Protocolos de Actuación , para una mejor Procuración de Justicia” de la PGR, Juan Carlos Díaz Villavicencio, destacó que en el caso de la Procuraduría los tiempos de detención y declaración se encuentran plenamente establecidos a través de líneas de acción que fueron diseñadas para ello.
“En nuestro caso, la detención al igual que otros procedimientos está plenamente delimitada por un protocolo diseñado para ello, que se espera sea replicado también por otras instancias y dependencias, con el fin de alcanzar la homogenización que también exige el nuevo sistema penal”, dijo.
A la mitad del camino
La reforma penal aprobada en el 2008, dio un plazo de ocho años a la federación y a los estados para la expedición de los nuevos códigos de procedimiento penal, y la transformación del sistema penal mixto al sistema penal acusatorio, que contempla los juicios orales.
Actualmente, cuando ya se cumplió la mitad del plazo, el Sistema nacional de seguridad Pública reportó que solo tres estados (Chihuahua, estado de México y Morelos), tienen completamente en marcha el sistema acusatorio con el nuevo código de procedimientos penales, mientras que siete entidades más lo operan parcialmente.
El Gobierno Federal aun no cuenta con su código procesal, aunque ya hay un proyecto presentado ante el Poder Legislativo y se espera que el mismo sea discutido en un periodo extraordinario, el cual tendría que llevarse a cabo en agosto.
