El jueves pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) organizó un evento en el que las principales compañías de telefonía móvil del país, firmaban un acuerdo para intercambiar datos sobre teléfonos reportados como robados y evitar que sean reactivados por los delincuentes. Sin embargo, el mecanismo opera desde hace dos años.
En 2010 se firmó un primer acuerdo, que fue promovido desde el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, y que sirvió como base a los legisladores para aprobar la ley.
El 24 de marzo de ese año se firmó el “Acuerdo de Intercambio de Información para evitar el reuso de teléfonos celulares robados”, con la participación inicial de las compañías Telcel y Telefónica y ocho meses más tarde la compañía Iusacell se unió a la misma estrategia.
El eje central del convenio era que los usuarios pudieran solicitar, en caso de robo, la anulación definitiva de su aparato, para que este no pudiera ser reutilizado. Esto se logra proporcionando al operador telefónico el denominado “Número de Identificación Internacional” (IMEI) que tiene cada aparato.
Para el 29 de abril del 2011, el Congreso aprobó las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y el 17 de abril del 2012 se publicó en el Diario Oficial.
El jueves pasado, la SCT organizó un evento para anunciar como nuevo un trabajo que ya lleva mas de dos años haciéndose (el del intercambio de datos), y que con la publicación de la ley hace unos meses, es ya una obligación de las compañías y no una acción de buena voluntad.