Proveedores del cineasta y productor Willy Souza, detenido por fraude y cercano a políticos de diverso nivel, entablaron una demanda por el adeudo de más de 2.5 millones de pesos luego de su participación en el proyecto México en tus sentidos.
En 2010, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal integró cuatro denuncias por fraude interpuestas por Carlos Contreras León, Pablo Caballero Jiménez, Alfonso Becerra Ortega y Miguel Ángel Corona de Alba, contratados para montar el Museo Itinerante que sirvió de sede para la exposición fotográfica de Souza en diversas ciudades del país con motivo de los festejos por el Bicentenario de la Independencia.
De acuerdo con los abogados de dos de las compañías demandantes, Construcción e Imagen SA de CV y Lonas y Estructuras SA de CV, la defensa del detenido argumenta la existencia de un contrato que nunca fue firmado por los contratistas, quienes trabajaron a marchas forzadas para terminar el trabajo previo al inicio de los festejos bicentenarios, motivo que fue utilizado por el también fotógrafo para evadir la firma de dicho convenio.
Actualmente, el juicio contra Souza se encuentra en etapa de investigación.
24 HORAS buscó al abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, apoderado legal de la empresa Industria Films, propiedad del cineasta y productor para aclarar el asunto, sin embargo, sus asistentes señalaron que se encontraba en una reunión y que se comunicaría en cuanto estuviera disponible. Luego de insistir por dos días, hasta el momento no ha sido posible contactar al abogado.
Ninguna de las empresas propiedad del cineasta, Industria Films, Industria 3, Contempla México, aparece inscrita en el Padrón de proveedores y contratistas del gobierno de Veracruz, aunque éste señaló que dio un contrato de 25 millones de pesos por adjudicación directa para la “organización, promoción y difusión” de la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín; la administración de Javier Duarte señaló que los 25 millones de pesos en efectivo decomisados por la PGR a dos de sus empleados en el aeropuerto de Toluca a principios de 2012 eran para cubrir ese contrato.