Andrés Manuel López Obrador pidió a los magistrados del Tribunal Electoral utilizar sus facultades legales para que se abran todos los contratos emitidos por Monex para entregar monederos electrónicos durante el periodo de campañas, con el fin de aclarar el presunto lavado de dinero del PRI para favorecer a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
“Ya es tiempo que el Tribunal Electoral solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Monex informen sobre todos los contratos para dispersión de tarjetas, suscritos por empresas o prestanombres de Peña Nieto y del PRI”, apuntó el tabasqueño.
“De manera especial, debe solicitarse toda la facturación de Monex desde el 16 de abril hasta el 19 de junio. Hablamos de cuatro mil 452 facturas que emitieron durante este periodo, en razón de que sólo poseemos 33 facturas de las empresas Inizzio y Efra, que amparan la compra de 10 mil 674 tarjetas con un monto de 108 millones de pesos”, dijo.
En este sentido, López Obrador anunció que presentará ante el Tribunal Electoral una relación de cuatro mil 981 personas que recibieron tarjetas de Monex para promover el voto a favor de Peña Nieto en Tabasco.
De acuerdo con un muestreo realizado por el equipo del abanderado presidencial de las izquierdas en su tierra natal, estas personas se desempeñaron como responsables de activismo y movilización a favor del PRI, recibiendo un monto promedio de cuatro mil pesos por tarjeta del 15 de mayo al 30 de junio, lo cual representa una cifra cercana a los 20 millones de pesos tan sólo en el estado de Tabasco.
Por ello, López Obrador calculó que a nivel nacional el tricolor pudo haber invertido más de mil millones de pesos en monederos electrónicos para transferir dinero ilegalmente a su estructura electoral.
“A nivel nacional existen 65 mil secciones aproximadamente. Estamos hablando de alrededor de 260 mil tarjetas, que costaron más de mil millones de pesos”, indicó.
Por ello, López Obrador retó a Peña Nieto a discutir públicamente todas las irregularidades que se presentaron durante la elección presidencial, en respuesta a los señalamientos que hicieron los dirigentes del PRI, Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam, en torno al supuesto desvío de recursos públicos realizado por gobernadores del PRD para financiar la campaña presidencial del tabasqueño a través de la organización Honestidad Valiente.
“Si tienen alguna duda sobre mi integridad, es sencillo de arreglar: invito a Peña Nieto, para que frente a los medios de comunicación hablemos de ese tema, de lo que tenemos, del dinero que poseemos, de nuestros bienes, cómo los hemos adquirido, quién compró votos y quién no en la elección presidencial, con todas las pruebas. Esto sería muy sano para aclarar este asunto”, apuntó.
Expediente abierto
El párrafo cuarto del Artículo 16 de la Ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral señala que en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales (los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado).
“La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”.