Dos semanas después de que el gobierno federal anunció la integración de cinco civiles en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Centro de Colaboración Cívica presentó ayer sus propuestas.
Se trata de María Elena Morera, de Causa en Común; Ernesto López Portillo, de Insyde; Elena Azaola, investigadora del CIESAS; Miguel Treviño, del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León; y Julia Monárez, del Colegio de la Frontera Norte.
“Su labor será promover la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad pública, que la ciudadanía cuente con información imparcial y de la política pública en materia de seguridad”.
“Contribuir a la construcción de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana que permita enfrentar la actual crisis de violencia en forma efectiva y con pleno respeto a derechos humanos”, destacó Silvia Aguilera, directora del Centro.
Estos cinco candidatos fueron elegidos luego de una consulta en el que participaron más de 100 organizaciones civiles y expertos.
En el proceso fueron invitadas más de 300 organizaciones civiles y expertos que participaron en el Diálogo de Seguridad Pública con Enfoque de Derechos
Humanos o en la Cumbre Ciudadana para Construir un México Pacífico y Justo, espacios donde surgió la propuesta de Ley para incluir consejeros permanentes y autónomos en el CNSP.
Además, se determinó que los candidatos debían ser líderes de organizaciones civiles, investigadores o académicos y personas de entidades federativas distintas al Distrito Federal.
Las propuestas fueron hechas vía internet por parte de organizaciones civiles y se seleccionó a los candidatos con mayor cantidad de votos recibidos del 19 al 23 de julio.
Aguilera subrayó que debido a que aún no está legislada la participación de civiles en el Consejo de Seguridad, su integración será temporal -máximo de un año-, el cargo será honorario y sólo contarán con un pequeño presupuesto para labores de oficina.
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