La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que a partir de este jueves, los legisladores tendrán 30 días para preparar sus defensa ante la demanda interpuesta sobre la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo Federal con relación al procedimiento para publicar la Ley General de Víctimas.
Lo anterior se debe a que la SCJN tendrá que resolver si el Ejecutivo o el Legislativo cumplieron con los tiempos que marca la constitución para la promulgación y publicación de la ley.
El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y del Senado de la República, José González Mofin, explicó en entrevista que la controversia no representa un agravio, sino que se trata de una diferencia de opiniones sobre los tiempos que marca la constitución para que el Ejecutivo mandara las observaciones a la ley y la orden de que se publicará luego de cumplirse los plazos.
“Estamos ante el caso de que respecto de los tiempos –porque también hay que decir que la controversia no tiene que ver con el contenido de la Ley sino con la fecha– en que el presidente envía sus observaciones en la que a su juicio, es la correcta, en razón de la devolución que había solicitado el presidente de la Cámara de Diputados”, explicó.
En entrevista, el senador del PAN, Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, explicó el procedimiento que llevará la controversia constitucional por parte de esta soberanía.
Dijo que la representación jurídica del Senado en este caso recae en el Presidente de la Mesa Directiva, quien se auxilia de una dirección jurídica, recibe la notificación, y empieza a correr un plazo y por escrito se hacen valer todos los argumentos que tenga el Senado para desvirtuar las razones de la controversia que plantea el Ejecutivo.
Añadió que la controversia es principalmente por la extemporaneidad y las facultades de la Comisión Permanente, que son los dos agravios que plantea el Ejecutivo.
“Se tienen 30 días y posteriormente la Corte resuelve. Ya habrá terminado la Legislatura”.
Consideró que el Poder Legislativo envió en los términos que marca la constitución política mexicana el ordenamiento de publicar la ley, toda vez, que el Ejecutivo Federal contó con los 30 días para analizar y realizar las obervaciones y de no haberlas contaba con 10 días para su publicación.
“Yo considero que sí, sino el Presidente del Senado no hubiera mandado la orden de publicación en ejercicio de la facultad constitucional de la última reforma que se aprobó en el constituyente permanente”, indicó.
Agregó que el senador González Morfín tuvo a la vista los plazos y tomó en su caso la facultad que además es una obligación nueva, pues es la primera vez que se aplica también esta orden de publicación directa por el presidente de la Cámara de origen.
Al preguntarle si era innecesaria la controversia, comentó que era innecesario, porque lo debido era que si el Ejecutivo iba a presentar observaciones, las presentara en tiempo, y señaló que tampoco es válido hacer especulaciones o suposiciones de si fue un plan con maña por el proceso electoral.
“Esas cosas a mí no me gustan, si tengo observaciones y yo las tenía de fondo con la Ley, si en el fondo tiene razón el Ejecutivo, pero mi pregunta es por qué no las presentó a tiempo, punto”.
Apuntó que efectivamente se puede tener una Ley General de Víctimas que puede mejorar, pero también reconoció que es una buena ley para unos propósitos y es una ley mejorable para otros.
Señaló que las observaciones son principalmente sobre el tema presupuestal, “yo creo que esa es la principal preocupación y hoy por hoy, también ante la expectativa de un cambio de gobierno ya son dos interesados en el cuidado del presupuesto, pero espero que también sigan interesados en el cuidado de las víctimas”, concluyó.