A más tardar el próximo viernes la Procuraduría General de la República (PGR) definirá si deja en libertad o consigna ante un juez a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, arraigados desde hace más de dos meses, luego de que se les acusara de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El 15 de mayo ambos generales fueron trasladados por personal de la Policía Militar a rendir declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia organizada (SIEDO), en cumplimiento de una orden de presentación. Desde ese día no han recobrado su libertad.
La Procuraduría solicitó inicialmente un arraigo por 40 días en contra de los mandos castrenses, para profundizar en las investigaciones, el cual fue ampliado por 40 días más. El próximo 3 de agosto se vence la medida cautelar que ya es imposible de prorrogar.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010, a los generales Ángeles y Dawe se les acusa de recibir pagos millonarios de parte de la organización delictiva de los “Beltrán Leyva” entre los años 2008 y 2010, a cambio de protección institucional para sus actividades de tráfico de drogas.
Lo que se ha dado a conocer hasta ahora, sobretodo por la propia defensa del general Ángeles, es que esas acusaciones están sustentadas fundamentalmente en los señalamientos hechos por ex narcotraficantes y ahora testigos colaboradores, entre ellos dos con el indicativo “Jennifer” y “Mateo”.
Las autoridades de la PGR han señalado que el expediente también incluye al menos cinco cateos a propiedades los generales, el congelamiento de tres cuentas bancarias e información documental y contable.
Por esa misma averiguación también se investiga al general Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, ambos sometidos a arraigo y que vencerá hasta la segunda semana de agosto.
Pruebas son de risa: abogado
El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, defensor del general Tomás Ángeles Dauahare, consideró que la PGR no ha logrado reunir los elementos de prueba suficientes para acusarlo penalmente.
“Son puros testimonios de oídas, no hay otro dato en concreto, son de risa los argumentos jurídicos con los que se sostiene el expediente, francamente no hay nada más y desde nuestra óptica, no hay sustento para una eventual consignación”, indicó.
Reyes Retana confió en que el Ministerio Público se desistirá de las imputaciones que planteó de forma inicial. “En caso contrario, se le estaría causando un daño al general, pues tendrá que enfrentar un juicio que al menos podría prolongarse un año y por delitos que no cometió”, concluyó el litigante.