Con la finalidad de llegar al fondo de las investigaciones en la presunta compra y coacción del voto por parte de la coalición que encumbró a Enrique Peña Nieto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará si entrega los dos mil 435 monederos electrónicos de Soriana que el movimiento lopezobradorista presentó al Instituto Federal Electoral como prueba de lo ocurrido durante la máxima elección federal.
La petición la realizó de manera formal la Unidad de Fiscalización mediante un oficio, firmado por el titular Alfredo Cristalinas Kaulitz: “(Pedimos) se considere la remisión a esta autoridad fiscalizadora de las dos mil 435 tarjetas plásticas de la tienda departamental Soriana presentadas por el recurrente”.
En cuanto a posibles fechas de conclusión en las investigaciones, en el IFE afirman que no es posible determinarlas, pues tendrán que atenerse a la complejidad de las líneas de investigación que se exploran para determinar nuevas rutas.
En torno al tema, el consejero Lorenzo Córdova sabe lo complicado que es seguir una investigación referente a gastos de campaña, pero confía que “si la Unidad de Fiscalización agota sus recursos de averiguación antes de que la calificación tenga que realizarse, se hará del conocimiento del Consejo y se hará a su vez del Tribunal”; con esto, el encargado de validación de la elección podrá conocer de primera mano lo arrojado por las indagatorias.
Córdova señaló que los avances presentados por la Unidad de Fiscalización son los adecuados para mostrar lo realizado, pero la transparencia mal entendida, lejos de ser benéfica para el desarrollo de las atribuciones legales, puede llegar a ser un obstáculo, como lo demostró la actuación de un consejero electoral en el pasado, en los asuntos Pemexgate y Amigos de Fox. A este personaje, dijo, le encantaba hacer declaraciones públicas y eso entorpecía los trabajos.
Lorenzo Córdova recordó que cuando la otrora Comisión de Fiscalización daba a conocer sus logros, varias de las personas que estaban siendo indagadas -cuyas cuentas estaban siendo solicitadas por el instituto- solicitaron amparos, provocando el retraso de la investigación hasta que esos amparos se desahogaron, durante más de nueve meses.
“El Poder Legislativo federal, al crear la Unidad de Fiscalización, estableció en el Artículo 86 del Cofipe la obligación de guardar reserva de la información que tiene, de las investigaciones que están en curso, y me parece algo absolutamente lógico, no me parece que sea, digámoslo así, una vocación de opacidad ni mucho menos. Es importante subrayarlo”.
Toda la exhaustividad con la que se realizan las indagatorias, afirmó, está presente en la labor del instituto. Esto, asegura, podrá plasmarse en el momento en el que los informes y los proyectos de resolución sean sometidos a la consideración del Consejo General del IFE.