La propuesta de un interinato en la Presidencia, que inopinadamente lanzó Andrés Manuel López Obrador, es más una medida de presión del tabasqueño que eleva así el tono de su estrategia política y mediática, que un tema que realmente flote en el ambiente o en los escenarios posibles del fallo del Tribunal Electoral que calificará las elecciones del 1 de julio.

 

Aunque el tema no es nuevo en la rumorología política mexicana y ya no causa el mismo impacto que en el pasado reciente, cuando hablar de una sustitución presidencial o de un interinato era casi invocar un tabú, porque ni la Constitución ni las leyes establecían claramente qué pasaba en caso de ausencia permanente del presidente o de que éste tuviera que ser sustituido por causa mayor, de cualquier modo hablar de un “presidente interino” sigue incomodando a muchos y desata condenas como “la ruptura del orden institucional”.

 

En realidad, Andrés Manuel no tiene aún los elementos para plantear un interinato, porque no hay aún un fallo de los magistrados del Tribunal a sus juicios de inconformidad, y por más que sus denuncias de un presunto lavado de dinero hayan permeado en la opinión pública y que varias investigaciones periodísticas confirmen que sí hubo una sospechosa triangulación de recursos de origen incierto en la campaña del PRI, eso no configura aún un delito probado y mucho menos juzgado y menos una causal de nulidad confirmada por las instancias judiciales correspondientes.

 

Se trata más bien de meter ruido, estridencia al debate postelectoral que sube de tono y que vuelve a exhibir la existencia de dinero de dudosa procedencia y en cantidades ofensivas e ilegales en la elección presidencial. AMLO sabe que la palabra “interinato” saca de quicio a los institucionales priistas y trata de provocarlos al invocarla.

 

Muy distinto ocurrió la última vez que se había hablado de un presidente interino para el país, a inicios de agosto del 2006 cuando, en pleno conflicto postelectoral por los comicios de aquel año, un grupo de empresarios de alto nivel, encabezados por el millonario Carlos Slim, trazó un plan político para designar a un mandatario interino y acabar así con el polarizado conflicto que había llenado de encono a la sociedad por la disputa entre López Obrador y Felipe Calderón.

 

Slim avanzó tanto su plan que hasta tenía el nombre de quien debía ocupar la Presidencia mientras se convocaba a nuevas elecciones: el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, que llegó a ser enterado del plan que finalmente se frustró para cancelar la presidencia de Calderón y acabar con las protestas de López Obrador.

 

Hoy, aunque la estrategia pudiera ser parecida, las condiciones son distintas. En principio no hay una diferencia tan apretada como aquel 0.56% de la votación -250 mil votos- que aunado a la negativa de recontar todos los votos y abrir los paquetes electorales había alimentado las denuncias y sospechas de un fraude. La diferencia esta vez supera los tres millones de votos y los votos fueron todos recontados.

 

Las denuncias ahora contra el PRI y Peña Nieto tienen que ver con el uso y origen del dinero y la compra de votos que acusa López Obrador, pero por más que se estén reuniendo evidencias y pruebas de una triangulación de recursos, del uso de dinero sin un origen claro para pagar a votantes, no hay aún certeza de que esas vayan a ser consideradas como causales de nulidad o invalidez por parte del Tribunal Electoral. Así que el interinato parece en este momento más un fantasma para espantar que una probabilidad real.

 

sgarciasoto@hotmail.com | @sgarciasoto