El jueves comenzará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión sobre si prevalece o no el fuero militar. Las posiciones en el máximo órgano de justicia están divididas sobre si retirarlo o no en el caso de miembros del Ejército que están acusados, entre otros delitos, de homicidio, robo, narcotráfico y cohecho.
Ministros que suelen tener posiciones encontradas en las discusiones del pleno de la Corte, Olga Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, están a cargo de la elaboración de los proyectos a discutir sobre los amparos promovidos con la intención de retirar el fuero militar, lo que permitiría que no fueran juzgados en sus propios tribunales.
Son en total 28 amparos en revisión y de dos conflictos competenciales, 15 de estos proyectos fueron elaborados por la ministra Sánchez Cordero, identificada como liberal, y los otros 15 por el ministro del ala conservadora Aguirre Anguiano.
Los amparos son, en su mayoría, asuntos de la Primera Región Militar, en total 15, que abarca Distrito Federal, estado de México, Querétaro y Morelos, y a la Tercera Región Militar, que suman 7 expediente, que comprenden Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango.
Los asuntos se desahogarán entre el próximo jueves y la sesión del próximo lunes 6 de agosto, y sentarán criterios respecto a la competencia del fuero militar y del fuero civil, en caso de delitos cometidos por soldados.
De acuerdo con los precedentes ligados con asuntos relacionados con derechos humanos, los ministros Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el presidente Juan Silva Meza y el ministro José Ramón Cossío Villegas, son quienes en el pleno suelen posicionarse a favor de este tipo de casos.
Mientras que los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, suelen asumir posiciones conservadores más proclives a que por encima de tratados internacionales, debe prevalecer la Constitución federal
La discusión en el seno de la Corte tiene como marco la tendencia que se ha dado en el país con las reformas en materia de garantías individuales y los propios pronunciamientos de la Corte en el sentido de que no aplica el fuero militar en el caso de violaciones a Derecho Humanos.
Esto sumado a la sentencia emitida contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla, que obliga al país a desaparecer el fuero militar.
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