Se estima que, al día, más de 200 personas en el mundo mueren por causa del impacto de una bala, en 75% de estos casos las Naciones Unidas estiman que el calibre es menor a .28 o 7 mm. Al año, se producen cerca de 12 millones de armas para fines deportivos, de seguridad publica y uso militar militares. Existen cerca de mil fabricantes registrados para exportar su producción y estos se concentran en 30 países. A pesar de ser una industria concentrada y regulada en la mayoría de los países, ésta no tiene una lista de mejores prácticas. Por ejemplo, los productores de armamento no tienen la obligación de llevar un registro por arma, ni de establecer un récord público del destino o venta del armamento, no se reporta la producción por producto ni el destinatario de ventas y tampoco hay una claridad sobre los ingresos, ni las comisiones que estos pagan en los países de venta.
En México, la venta de armas esta controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y comprar un arma no es nada sencillo. Inclusive para las corporaciones policiacas para adquirir armamento deben de obtener un permiso especial de la Sedena y son sometidos constantemente a revisiones e inspecciones oculares. Sin embargo, vemos que en México las armas proliferan, hay una oferta y demanda en el mercado negro que es muy activa.
El aumento en la violencia e inseguridad, sólo ha beneficiado a los traficantes de armas que operan en México. En 2007, una pistola Taurus .380 registraba un precio en el mercado negro de cinco mil pesos, y el día de hoy, un arma similar ronda entre los tres mil 500 a cuatro mil pesos. El obtener un rifle de asalto AR – 15, era extremadamente difícil y caro ya que su precio rondaba por los 30 mil pesos, cuando hoy en día por $20 mil es posible adquirir uno original y un rifle similar, procedente de Europa del Este, puede costar menos de 16 mil pesos. Este aumento en la oferta se debe a que cada vez más, los mismos miembros de las policías y fuerzas federales recurren al mercado negro a comprar una arma “personal”, el aumento de “mini carteles” en las plazas donde hay venta de narcóticos y la permeabilidad que existe en nuestras fronteras y aduanas.
Es importante mencionar que a la fecha no se ha desarticulado ninguna banda y/o organización de la venta de armamento cuando, la mayoría de los policías de corporaciones privadas o públicas saben a quién recurrir cuando quieren comprar o actualizar su “pieza personal”.
En el rastreo del armamento la PGR ha sido muy lenta en poder establecer un método y en adoptar el sistema E Trace que permite identificar si el origen de una arma es de los EU o si proviene de otro país. En ningún caso relevante de crimen organizado a nivel federal los ministerios públicos han hecho uso de pruebas de balística para resolver un crimen. En la base de datos de la PGR sobre los homicidios referentes al crimen organizado, en más de 40% se desconoce el calibre, la trayectoria e inclusive no hay una búsqueda del arma. Muchas veces se culpa a las procuradurías locales de la falta de información, pero los procuradores locales argumentan que ellos prefieren trabajar y coordinarse con la Sedena porque en la PGR ningún homicidio se resuelve.
La próxima administración tendrá que poner especial énfasis en este punto y aumentar la cooperación internacional, para que los productores y exportadores sean más abiertos y cooperen con las autoridades. La postura simplista de esta administración de culpar a los EU por la disponibilidad de armas no lleva a ninguna parte, sobre todo cuando estas pasan por un sistema aduanal corrupto en el norte del país y uno ausente en la frontera sur. Sistemas como el E Trace deben poder ser operados a nivel local y la Sedena debe contar con un mayor presupuesto para asegurar que las policías municipales y estatales no fomenten el mercado negro al comprar armas ilegales.
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