Por el delito de delincuencia organizada con fines de narcotráfico, un juez federal le concedió ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de aprehensión en contra de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.

 

Los mandos castrenses, quienes estuvieron arraigados casi 80 días, fueron sacados ayer por la noche del Centro Federal de Arraigos de la PGR en donde permanecieron desde mayo, para ser trasladados al penal federal del Altiplano en el Estado de México.

 

Pese a que la Procuraduría realizó múltiples cateos en propiedades de los mandos castrenses y la inspección de cuentas bancarias, no se encontró evidencia suficiente que permitiera imputar a los inculpados el enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o algún otro delito conexo.

 

Por ello, al revisar el pliego de consignación de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, el Juez tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, concedió la orden de aprehensión solo por el delito de delincuencia organizada, el cual es considerado como grave y no permite la libertad bajo caución.

 

La columna vertebral del caso de la PGR en contra de los tres generales mencionados la conforman los señalamientos de los testigos protegidos con nombre clave Jennifer y Mateo, ambos bajo custodia en los Estados Unidos y los cuales advirtieron nexos entre los mandos castrenses y el Cártel de los Beltrán Leyva.

 

A cambio del supuesto pago de miles de dólares, dichos generales habrían apoyado entre 2007 y 2010 al Cártel de los Beltrán Leyva, filtrando información sobre operativos federales, así como facilitando el ingreso de cargamentos de cocaína en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún.

 

Los testigos colaboradores dieron distintas fechas en las cuales, los generales Ángeles, Dawe y Escorcia se reunieron con los narcotraficantes para acordar la “colaboración”.

 

Los pagos de los sobornos a los militares, eran coordinados directamente por el narcotraficante Edgar Valdéz Villarreal, La Barbie.

 

En realidad esta averiguación previa, que se abrió desde el 17 de marzo del 2010, no reportó mayores avances hasta que en mayo de este año la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ordenó la presentación de los generales ante el Ministerio Público y, luego, obtuvo las órdenes de arraigo correspondientes.

 

Por el mismo caso, la Procuraduría General de la República también consignó y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de miembros del Cártel de los Beltrán Leyva, los cuales ya se encuentran en prisión por diversos delitos.

 

Se trata de Edgar Valdés Villarreal, La Barbie; José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio; Antonio Aguilar Cuervo, El Arquitecto, y Denny’s Gerardo Rodríguez Pacheco, El Denis. A todos ellos se les imputaron los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de introducción de clorhidrato de cocaína.

 

Además, a La Barbie y El Denis también se les acusa de homicidio calificado.

 

Finalmente, la SIEDO también obtuvo órdenes de aprehensión en contra del Mayor del Ejército, Iván Reyna Muñoz, quien desde el año pasado está preso en un penal de Querétaro, y en contra del General de Brigada Rubén Pérez Ramírez.

 

La impugnación que viene

 

Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del general Tomás Ángeles Dauahare, lamentó la determinación de la PGR en torno al caso de su cliente, pero confió en que en el juzgado conseguirán demostrar que las pruebas ministeriales no son sólidas.

 

En entrevista, el litigante dijo que el día de hoy el general Ángeles rendirá su declaración preparatoria en el juzgado, y es posible que esta misma semana se resuelva su situación jurídica.

 

“Evidentemente si se dicta el auto de formal prisión nosotros procederemos a impugnar esa resolución, y de forma paralela presentaremos nuestras pruebas para desvirtuar todas las imputaciones”, apuntó.

 

El litigante reconoció que la defensa de su cliente ha sido un proceso “difícil”, sobretodo por la resistencia de la propia PGR para aceptar las evidencias con las cuales se buscaba desmentir lo dicho por los testigos protegidos, lo que incluso motivó el libramiento de un amparo para que se admitieran las pruebas.

 

Por el caso de los supuestos nexos de militares con el cartel de los Beltrán Leyva, la PGR reveló ayer el involucramiento de un cuarto general del Ejército Mexicano, a quien también se le giró y cumplimentó una orden de aprehensión.

 

Se trata del General de Brigada Rubén Pérez Ramírez, quien al igual que los otros generales, habría operado para facilitar el ingreso de drogas y principalmente de cocaína,  en las terminales aéreas del Distrito Federal y de Quintana Roo.

 

De acuerdo con autoridades de la PGR, fue el testigo protegido de nombre clave Jennifer, quien en sus declaraciones señaló que el general Roberto Dawe González contactó en el 2007 a Pérez Ramírez, quien estaba a cargo de una guarnición militar en Cancún, para conseguir la protección militar de los cargamentos de droga en el Aeropuerto de esa ciudad.

 

En declaraciones vertidas en mayo de este año ante la SIEDO, Pérez Ramírez negó que haya colaborado con los narcotraficantes para introducir la droga. Hasta el 2011, este general se desempeñó como comandante de la 22 Zona Militar.

 

En la PGR confirmaron que este general ya se encuentra detenido y recluido en un penal, aunque no se especificó en cual.