Todas las obras en torno a la presa de El Zapotillo, podrían quedar suspendidas si la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga la suspensión provisional dentro de la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco.
Ayer, el máximo órgano de justicia del país, al declarar la apertura del segundo periodo de sesiones, informó que dio trámite y admitió la controversia constitucional interpuesta por ese ayuntamiento que se opone a la construcción de la presa, obra que llevan a cabo los gobiernos federal y del estado.
El ministro Fernando Franco González Salas explicó al pleno de ministros que en el expediente se encontraron elementos que podrían fundar el otorgamiento de la suspensión de la obra; sin embargo, para resolver este punto solicitó a las autoridades federales y estatales los informes sobre el avance de la construcción de la obra.
Será en unos días cuando se defina si se otorga o no esta suspensión, un punto que solicitó el ayuntamiento dentro de la controversia, argumentando que así se protegen los intereses de los pobladores de las comunidades de Temacapulin y El Palmarejo, mientras se resuelve de fondo este recurso legal que quedó asentado con el número 69/2012.
Durante la sesión solemne de la Corte, el ministro Franco González Salas, quien fue parte de la Comisión de Receso junto con el ministro Sergio Valls Hernández, dijo que la controversia constitucional es contra de la orden, aprobación y autorización para construir el citado embalse, en terrenos del ejido Zapotillo
Uno de los argumentos esgrimidos por el alcalde de Cañadas de Obregón, Carlos González Padilla, es que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del gobierno de Jalisco, no cuentan con el permiso municipal que otorgue el cambio del uso de suelo, de los terrenos donde se pretende establecer la presa.
De acuerdo con los proyectos programados por la Conagua, el citado embalse en Jalisco se pretende concluir el año entrante.
Por su parte, el Comité Salvemos Temacapulin y Palmarejo, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por considerar que se están violando sus garantías constitucionales, ya que en ningún momento se les ha informado sobre el impacto ambiental, ni se tomó en cuenta la opinión de ellos como pobladores para llevar a cabo la citada obra
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