Ante el juez Tercero de Distrito, los tres generales y el teniente se declararon inocentes. Pero el general Ricardo Escorcia Vargas fue más lejos, aseguró que la declaración ministerial que incrimina a él y a sus compañeros con el crimen organizado era falsa, porque lo obligaron a firmarla.
Ayer, en una audiencia que duró más de cinco horas, los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, así como el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, comparecieron ante la autoridad judicial con sede en el estado de México, en donde enfrentan una acusación por delincuencia organizada por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Al rendir cada uno su declaraci´pon preparatoria, tras la rejilla de prácticas dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano, los militares negaron los cargos y solicitaron la duplicidad del término para ofrecer pruebas a su favor, por lo que el plazo para determinar si se inicia el jucio en su contra vencerá en 144 horas.
Al presentarse el general Escorcia, declaró que no reconcía la declaración ministerial en la que supuestamente reconocía, entre otras cosas, que el general Ángeles lo envió a entrevistaerse con personas “sospechosas”.
Pero no sólo eso, el militar aseveró que en la PGR lo obligaron a firmar esa declaración, por lo que desconocía totalmente.
La debilidad del caso
Ni en los casi 80 días que duró el arraigo ni en los dos años que pasaron desde que se presentó la primera denuncia, la Procuraduría General de la República (PGR) ubicó alguna cuenta bancaria, negocio o propiedad, en los que el general Tomás Ángeles Dauahare o los otros mandos militares acusados de brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, hubieran invertido la supuesta ganancia que obtuvieron de sus nexos con el narcotráfico.
Según la declaración del testigo protegido con nombre clave Jennifer, tanto Ángeles como los generales Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, recibieron miles de dólares en sobornos a cambio de su colaboración con los Beltrán Leyva, entre los años 2007 y 2010.
Pero no encontraron el dinero. La PGR, en coordinación con otras autoridades como la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la Secretaría de Hacienda, llevó a cabo más de una decena de cateos, congelamiento de al menos cinco cuentas bancarias, verificación de datos contables y fiscales, entro otros, pero no obtuvo resultados que corroboraran las ganancias ilícitas.
En el caso particular de Ángeles, los agentes federales intervinieron tres viviendas en Morelos y el estado de México y además verificaron dos cuentas bancarias, pero en todos esas diligencias, los bienes fueron comprobados legalmente ya sea por familiares, o por la correspondencia con los propios ingresos del general.
La falta de esas evidencias impidió al Ministerio Público imputar a los militares que estuvieron mas de dos meses arraigados ilícitos como el cohecho o el lavado de dinero, por lo que solo obtuvo las órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.
De acuerdo con las declaraciones de testigos y de un Mayor del Ejército Mexicano, asentadas en la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, los mandos militares hoy consignados, se coludieron con la organización delictiva de los Beltrán Leyva, para facilitar su operación ilícita a cambio de dádivas económicas.
El testimonio fundamental es el de Jennifer, nombre clave de un ex integrante del cartel y miembro de la célula que controlaba el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, el cual supuestamente se encargaba de coordinar los pagos que se otorgaban a los “militares” que los apoyaban y les filtraban información.
Según lo dicho por Jennifer y corroborado otro testigo de nombre Mateo, Ángeles Dauahare recibió entre los años 2007 y 2010, pagos mensuales de hasta 500 mil dólares, para facilitar el trasiego de la droga proveniente de Sudamérica en la zona centro del país, y en el estado de Quintana Roo.
Mateo dijo que en una mañana de julio del 2008, recogió a Ángeles en el estacionamiento del centro comercial Perisur, para llevarlo a un encuentro con gente de La Barbie, en donde se pactaron puntos finos de la colaboración y se hizo un pago cuantioso al mando castrense.
Sobre Escorcia, Jennifer explicó que mantenía contacto con las células de los Beltrán Leyva primordialmente en Cuernavaca y que en algunos casos, se desempeñaba como “representante” del propio Ángeles para recoger las dádivas económicas.
Tanto Jennifer como Mateo apuntaron que el Mayor Iván Reyna Muñoz fungió en varias ocasiones como intermediario de los otros dos generales, entregando a los narcotraficantes información sobre operativos a cambio de dinero. En su declaración, Reyna confesó que por órdenes de Escorcia recogió dinero de personas civiles que desconocía.
Sobre Dawe, Jennifer indicó que estaba en la nómina de los militares también, y que a el se le pagaba sobretodo, por información sobre operativos militares y para facilitar el ingreso de cocaína a través del Aeropuerto de Cancún. Algunos de estos sobornos superaron los 50 mil dólares.
Para el tema del ingreso de la droga a Quintana Roo, supuestamente Dawe contactó en el 2008 al general Rubén Pérez Ramírez, quien también fue procesado, y al que se le envió un primero pago de al menso 30 mil dólares a cambio de que facilitara el aterrizaje de las aeronaves con los cargamentos de droga en la referida terminal aérea.
Respecto al teniente Jesús Hernández Soto, los testigos colaboradores dijeron que se le pagó diversas cantidades no precisadas a cambio de datos sobre despliegues militares en el centro y sur del país.
En el expediente de la PGR, se incluyeron declaraciones de otros testigos con los indicativos María Fernanda y Némesis los cuales corroboraron presuntos vínculos de militares con narcotraficantes, aunque no con el detalle de Jennifer y Mateo.