Previo al estallido del pasado 25 de julio en una mina del municipio de Múzquiz,Coahuila, que dejó un saldo de siete muertos en la minera El Progreso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social había realizado 16 inspecciones y en ninguna de ellas advirtió que existiera peligro para los mineros.
Con base en el dicho de la propia titular de la referida dependencia, Rosalinda Vélez, el presidente de la Comisión Especial para Conflictos Mineros, Miguel Pompa Corella, urgió la comparecencia de la funcionaria para explicar a los legisladores federales, en qué consistieron esas inspecciones.
Dijo además que la Cámara de Diputados aprobó en este presupuesto 100 millones de pesos para que esa dependencia federal inspeccionara la seguridad de los pozos de carbón en Coahuila, recursos sobre los cuales la secretaría debe rendir cuentas, “porque no está advirtiendo de los riesgos para los trabajadores del carbón”, subrayó el legislador.
Consideró que antes que el gobierno federal integre demandas contra por fraudes al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), deben garantizarse condiciones de seguridad para los mineros, que están muriendo en explosiones carboníferas en Coahuila.
En los últimos seis años han muerto a consecuencia de accidentes en las minas 213 mineros. Hoy por la mañana hubo un derrumbe en la mina VII Saltillito de la Unidad Mimosa, que dejó a cinco mineros atrapados.