Los magistrados del Vaticano ultiman en estos días la sentencia de la primera fase del proceso judicial contra Paolo Gabriele, el mayordomo acusado de robar documentos confidenciales al papa Benedicto XVI.
Según informó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, hacia el final de esta semana (entre el 9 y el 11 de agosto) se conocerá la determinación del juez Piero Antonio Bonnet de enviar a juicio o dejar en libertad al único imputado por el denominado “vatileaks”.
Gabriele es acusado del delito de “robo agravado”, que según el código penal vigente en el Estado de la Ciudad del Vaticano (que en realidad pone en práctica un viejo código italiano) puede tener una pena de uno a ocho años de prisión.
El mayordomo se encuentra actualmente bajo el régimen de arresto domiciliario, luego de haber pasado 50 días detenido en una celda de seguridad de tres metros por tres ubicada al interior del cuartel general de la Gendarmería Vaticana.
La tarde del miércoles 23 de mayo fue arrestado luego del cateo cumplido por gendarmes dentro del departamento que comparte con su esposa y sus tres hijos en territorio vaticano. Allí fueron encontrados cientos de documentos confidenciales robados.
Durante su tiempo de detención fue sometido a tres interrogatorios: en el primero de ellos no respondió a las preguntas de los investigadores por consejo de sus abogados Carlo Fusco y Cristiana Arru.
El último duró unas siete horas y en él salieron a relucir todos los detalles del “vatileaks”, un escándalo que puso en crisis el gobierno central de la Iglesia católica por la publicación, en la prensa, de documentos sobre los asuntos más delicados del pontificado de Benedicto XVI.
Paradójicamente el único delito que se imputa a Gabriele es el de “robo agravado”, nada ha trascendido aún sobre una posible imputación de delito relacionado con la otra fase de la fuga de noticias, es decir el pasaje entre el mayordomo y los periodistas.
Por lo pronto los abogados apuntan a una estrategia defensiva de contención intentando presentar a su asistido como un actor solitario, que robó los documentos con una “intención noble” y que, además carece de cómplices.
Así lo dejaron en claro el sábado 21 julio, durante una conferencia de prensa en la sede de la Radio Vaticana, en la cual sostuvieron que su representado actuó “bajo estrés” y pero lo hizo para “ayudar a la labor de limpieza de la Iglesia” impulsada por el papa.
Esa teoría pareció quedar acreditada este domingo en un artículo del diario italiano Corriere della Sera, el cual sostuvo que Gabriele habría confesado ser “María”, como se llamó a la fuente que entregó los documentos a la base del libro “Su Santidad. Las cartas secretas de Benedicto XVI”.
El texto, del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, sacó a la luz en mayo pasado decenas de informes confidenciales sobre los más diversos temas y agravó la crisis por el “vatileaks”, ya en curso desde enero cuando algunos reportes habían sido difundidos por otros medios.
Pero la tesis de un “traidor solitario” no convence a los observadores, especialmente a los vaticanistas, quienes no creen que la acción de un sólo hombre haya podido provocar semejante escándalo.
Mientras tanto, todos esperan la sentencia del juez pero, sobre todo, las motivaciones tanto de él como del promotor de justicia (fiscal) del Vaticano, Nicola Picardi.
Picardi dedicará los próximos días a concluir la redacción de la requisitoria, es decir el pedido de enjuiciamiento de Paolo Gabriele. Aunque se esperaba tener listo este documento para el 6 o 7 de agosto, el vencimiento se extendió hacia el fin de la semana.