Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la empresa estatal que administra el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y la Procuraduría Federal del Consumidor, la agencia encargada de proteger los intereses de los consumidores, pidieron la remoción del juez Felipe Consuelo Soto al frente del concurso mercantil de la aerolínea Mexicana de Aviación por la forma poco transparente y lenta con la que ha conducido el proceso de restructuración de la línea aérea.
Mexicana dejó de volar a finales de agosto de 2010 ante su incapacidad financiera para mantenerse en operación. En ese momento, la línea aérea dejó también de cumplir con sus obligaciones financieras en México y Estados Unidos.
ASA es uno de los principales acreedores de Mexicana y al parecer está ya impaciente por lo tardado que ha resultado el proceso de restructuración de la aerolínea. La empresa también parece haber perdido la confianza en el juez Soto para que logre un acuerdo de restructuración que le permita recuperar parte de los créditos que le adeuda la compañía de aviación
ASA había ya solicitado directamente al juez su separación del cargo, petición que fue rechazada por Soto.
“Luego de conocer el fallo de negativa por parte del juez Consuelo Soto, ASA ha decidido presentar una nueva queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, por la actuación de éste, principalmente al contravenir el Artículo 63 de la Ley de Concursos Mercantiles, que garantiza el derecho de cualquier acreedor que posea más de 10% de la deuda de la empresa concursada de nombrar un interventor, haciendo especial énfasis en el retraso de su resolución por más de cuatro meses”, dijo la empresa en un comunicado.
Por su parte, Profeco, como mejor se conoce a la agencia protectora de los consumidores, dijo que solicitó la remoción del juez Soto como una más de las medidas que ha venido tomando para proteger a los cerca de nueve mil 700 usuarios que se vieron afectados por la suspensión de vuelos de Mexicana.
La agencia, al igual que ASA, interpuso una queja frente al Consejo de la Judicatura Federal, la dependencia encargada de vigilar el desempeño de los jueces en el país, para que analice los motivos por los que el juez Soto mantiene abierto aún el proceso de conciliación.
La Ley de Concursos Mercantiles en México da como plazo un año para que las partes involucradas en una disputa comercial lleguen a un acuerdo. El juez encargado del proceso tiene las facultades para ampliar ese plazo.
En el caso de Mexicana, sin embargo, el juez Soto ha aplazado de manera indefinida el proceso lo que podría considerarse violatorio al espíritu de la ley, más cuando a la fecha al parecer está aún lejos alcanzar un acuerdo entre los acreedores y los potenciales inversionistas nuevos de Mexicana.
Si no se logra un acuerdo, por lo general, el juez supervisor de una restructuración ordena la liquidación de la empresa con problemas financieros a fin de que los trabajadores, primero, y luego el resto de los acreedores, puedan cobrar parte de lo que se les debe.
La queja de ASA y Profeco se suma a la petición que hiciera la semana pasada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al juez Soto de sustituir al conciliador y administrador de Mexicana de Aviación, Gerardo Badín, por no haber logrado, luego de dos años al frente de las negociaciones para restructurar la aerolínea, algún acuerdo que permita reanudar las operaciones de la línea aérea o, al menos, preservar el valor de sus activos.
Para el gobierno de México la mala actuación de Badín ha provocado un deterioro de los activos de la compañía de aviación, lo que pone en riesgo las posibilidades de recuperación de trabajadores y acreedores de la compañía.
Comunicaciones incluso propuso nombrar a José Luis Stein-Velasco, un ex funcionario público y quien actualmente dirige el despacho de consultoría legal y financiera, Grupo de Asesores en Negocios Asociados, como el nuevo administrador de Mexicana. Decisión que recaerá en el juez Soto, o bien en quien lo remplace, si procede la solicitud de ASA y Profeco.