Casi tres años después de que los procuradores de todo el país acordaron la creación de los llamados Centros de Operación Estratégica (COE), planeados para combatir, en cada estado, de forma coordinada y especializada las actividades de narcomenudeo, solo dos módulos de ese tipo se han puesto en marcha.
Baja California Sur y Puebla son los únicos estados que cuentan con sus COE en funcionamiento, luego de que fueron inaugurados apenas en las últimas semanas. En otras 25 entidades existen convenios de colaboración firmados para que sean puestos en marcha, lo que aun no ocurre, en dos más funciona un programa piloto de forma limitada y en el resto no hay algún avance.
Fue el 21 de agosto del 2009 cuando la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, aprobó la transición de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) a los llamados COE, con la finalidad de estrechar la coordinación de los Ministerios Públicos de los ámbitos federal y local.
Se subrayaba que el equipo ministerial contaría con el apoyo de un “equipo de análisis delictivo y un grupo de investigación de operaciones criminales”.
Los procuradores del país definieron en aquella ocasión que los COE conocerían e investigarían delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como aquellos delitos conexos o concurrentes.
Casi seis meses después, el 3 de febrero del 2010, el entonces titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, publicó el Acuerdo A/003/10 en el que se dio por concluida la operación de las llamadas UMAN que llevaban en funcionamiento siete años, y se aprobó la puesta en marcha de los Centros de Operación Estratégica, como areas más especializadas que sus antecesoras.
El acuerdo subrayó que el modelo de los COE era el apropiado para responder a las nuevas disposiciones hechas tras la reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, las cuales exigían que los estados y el Distrito Federal conocieran y trabajaran de forma conjunta con el nivel federal en los temas de narcomenudeo.
“En la Estrategia Nacional de Combate al Narcomenudeo, así como de las reformas Constitucional y Penal, resulta indispensable aprovechar y potencializar los recursos con los que actualmente cuentan las UMAN, para dar paso a un nuevo esquema de coordinación y atención bajo la figura de los COE, a fin de dar respuesta a la demanda de la sociedad para la atención de los delitos contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo y de otros delitos conexos”, definió el acuerdo.
El procurador Chávez indicó además que en la referida asamblea de Procuradores se estableció que en los estados de Hidalgo y Quintana Roo estaría funcionando un “programa piloto” de los COE, mientras que en cada entidad se firmarían acuerdos específicos para la instalación de estos centros.
Casi tres años después, el pasado 21 de julio, la subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Victoria Pacheco Jiménez, inauguró oficialmente el primer COE del país en el estado de Baja California Sur.
La funcionaria confirmó que el “programa piloto”, que había sido acordado desde el 2009, seguía en funcionamiento en los dos estados mencionados.
Casi a finales de julio, la procuradora Marisela Morales Ibáñez, inauguró el segundo COE ahora en Puebla, y aseguró que se “redoblarían” los esfuerzos para que los convenios firmados con los estados se tradujeran ya, en la instalación y puesta en marcha de los centros.
Para poder abir todos los Centros como sostiene la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), significa que deberían comenzar inagurando de uno o dos por semana, antes de que termine en diciembre próximo la administración de Felipe Calderón.
Culpas mutuas
Autoridades de la PGR indicaron que el tiempo que ha tomado la consolidación e instalación de los Centros de Operación Estratégica, se debe a las adecuaciones que cada entidad federativa ha tenido que preparar, antes de la firma de los convenios correspondientes.
Según la dependencia federal, los estados son los responsables de proponer cuantos COE serán los instalados así como el sitio en el que se ubicarán, y por ende también de las canalizaciones presupuestales que se necesiten.
Lo que la dependencia federal cubre es el costo del traslado de su propia infraestructura hacia el lugar que sea designado y aprobado, así como los requerimientos de su personal.
El convenio de colaboración firmado apenas en marzo pasado entre la PGR y el Gobierno del Distrito Federal (GDF), y que es básicamente el mismo que se ha firmado con los estados, sugiere a las entidades federativas que se aprovechen las instalaciones de las antiguas UMAN para la puesta en marcha de los COE.
“Las partes (PGR y GDF) se comprometen a proveer lo necesario para instalar en los locales o inmuebles que determinen conjuntamente, a propuesta del GDF (o del estado en cuestión), los COE”, indica una cláusula del acuerdo.
Sin embargo, en una entrevista que dio sobre el tema en enero de este año, el subprocurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) José Ramón Amieva Gálvez, adelantó que uno de los problemas sustanciales era la canalización de los recursos económicos para la puesta en marcha de estos Centros.
Explicó que en el caso de la capital se requerían al menos 150 millones de pesos para la instalación de tres COE, el primer en Miguel Hidalgo, sin embargo no se recibieron los recursos necesarios en el ejercicio presupuestal del año.
“Las reformas que se hicieron en la Asamblea Legislativa hacen mención a la disponibilidad de recursos y hasta el momento no hemos recibido dinero que nos permita armar las COE y contratar o formar nuevos ministerios públicos especializados”, indicó el subprocurador capitalino.
Ni personal ni equipo
Los Centros de Operación Estratégica (COE), establece el acuerdo, deben contar con personal federal y estatal suficiente para desarrollar investigaciones especializadas, con equipo de vanguardia. Pero no tienen ni equipo ni personal suficiente, todavía.
En el caso del COE de Puebla, el equipo investigativo lo conforman 14 funcionarios en total. Dos son agentes de ministeriales federales y dos estataltes; tienen dos secretarios federales y dos locales, además de dos peritos. Los cuatro restantes son el personal policial, de los cuales dos son federales y dos estatales.
Ese es el equipo que realizará investigaciones en Puebla, una entidad con 217 municipios, con una extensión territorial que supera los 34 mil kilómetros, y en donde residen casi cinco millones 800 mil habitantes (el 5 por ciento de la población del país). En cuanto equipo, apenas computadoras y material para peritajes.
De acuerdo con la resolución que tomaron los procuradores y que quedó oficializada en el Acuerdo A/003/10, los COE deberían contar con personal ministerial federal y local suficiente para un trabajo especializado, pero apenas alcanzó para inaugurar el segundo COE del país con 14 agentes.