El juez Tercero de Distrito Penal determinó que existen suficientes pruebas para someter a juicio a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Con esta determinación, se inicia un proceso penal en el que por primera vez se acusa a tantos mandos militares de tener vínculos con el narcotráfico.
El juez Raúl Valerio notificó a los militares sobre su decisión y con ello se inició el periodo para que se ofrezcan las pruebas que demuestren su culpabilidad o inocencia por el delito de delincuencia organizada.
Rubén Pérez Ramírez, el cuarto de los generales acusados de tener vínculos con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, rechazó los cargos, al igual que lo hicieran sus compañeros, al rendir su declaración preparatoria la semana pasada ante el juez.
En esa misma audiencia también compareció otro militar acusado, el mayor Iván Reyna Muñoz, quien prefirió reservarse su derecho a declarar.
La situación jurídica de Pérez Ramírez y Reyna Muñoz se definirá hasta la noche del miércoles, luego de que solicitaron la ampliación del término constitucional para presentar pruebas de descargo.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, el testigo colaborador “Jennifer” dijo que el general de brigada Pérez Ramírez recibió al menos un pago de 30 mil dólares en el 2007, a cambio de facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.
Esta supuesta colaboración para introducir drogas por el sureste mexicano, derivó a la postre, según las investigaciones, en el homicidio del comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeropuerto de Cancún, José Luis Soladana Ortiz, ocurrido en noviembre del 2007.
En cuanto al caso del Mayor Iván Reyna Muñoz, quien en su testimonio ministerial dijo que por órdenes de los generales Tomás Angeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas se reunió con supuestos delincuentes, prefirió no corroborar ningún dicho en el juzgado y se reservó su derecho a emitir declaraciones.
Por otra parte, autoridades de la PGR indicaron que por el momento no se tienen “pruebas contundentes” para proceder penalmente en contra de otros mandos activos o retirados del Ejército Mexicano, que pudieron haber colaborado con la organización de los Beltrán Leyva.
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