De manera unánime, los consejeros del Instituto Federal Electoral rechazaron la petición de adelantar cinco meses la fiscalización de las campañas presidenciales solicitada por el Movimiento Progresista porque existe un impedimento jurídico para alterar los plazos del mismo instituto.
Leonardo Valdés Zurita, presidente del IFE, manifestó que su convicción se basa en los principios de certeza y seguridad jurídica que deben regir cada uno de los actos del organismo, por eso “tampoco puedo acompañar la petición para que este órgano máximo de dirección ordene a la Unidad de Fiscalización emplazar y resolver en un plazo máximo de cinco días las quejas relacionadas con el juicio de inconformidad”.
El consejero Alfredo Figueroa dijo que ante la presunción de que se rebasó el tope de campaña, lo que al IFE le compete es responder con claridad; subrayó que “en este momento, no hay elementos que permitan afirmar que ha habido un rebase de tope de gastos de campaña” porque ninguno de los partidos ha entregado sus reportes de gasto.
Mencionaron que la naturaleza jurídica de un dictamen provisional, como lo sugiere la coalición, vulneraría el marco legal establecido para la auditoría de los informes de los gastos de las campañas de la elección presidencial.
El IFE sustentó su negativa en el hecho de que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los partidos deben presentar sus informes finales de ingresos y gastos a más tardar dentro de los 60 días siguientes al de la jornada electoral; esta fecha se cumple el próximo 8 de octubre.
En dichos expedientes los institutos políticos entregarán toda la documentación e información necesaria para corroborar las cifras relacionadas con sus gastos de campaña, la entrega de los informes finales es un requisito imprescindible para que la Unidad de Fiscalización obtenga las observaciones terminantes que resulten de las tres etapas del proceso de fiscalización anticipado.