Los dirigentes de los sindicatos de pilotos, sobrecargos, personal de tierra y de confianza expresaron su desconcierto por la destitución temporal del juez Felipe Consuelo Soto como rector del concurso mercantil al que está sometido Mexicana de Aviación.

 

Desde ayer, los representantes de estos gremios mantienen constantes reuniones para definir la estrategia que habrán de seguir en torno a los últimos acontecimientos relacionados con el futuro de la aerolínea.

 

Confirmaron que hoy se entrevistarán en privado con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez, y sostendrán un cónclave por la tarde entre ellos para definir la ruta de acciones legales y políticas que seguirán.

 

Al respecto, Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), emitió una circular a sus compañeros en la que señaló que a través de sus abogados se mantendrán atentos.

 

Dijo que a raíz de la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de reubicar a Consuelo Soto se han generado una serie de especulaciones que es prudente no expandir hasta no tener certeza de lo que ello implicará para el proceso.

 

No obstante, dijo a sus agremiados que la Judicatura aclaró que esa determinación “no afecta ni favorece a ninguna de las partes que tenemos interés jurídico en el concurso mercantil de Mexicana”.

 

Por otra parte, el capitán Díaz Chávez Morineau se refirió a los rumores y malos entendidos que se han creado en torno a White and Case como interventor de proceso de reestructura y las decisiones que han tomado los sindicatos de Mexicana.

 

Señaló que la información desvirtuada que se propaga en las redes sociales únicamente está logrando que la prensa ataque a los sindicatos, particularmente a ASPA, y que genere desconfianza en los representantes sindicales.

 

Por tanto, aclaró que cuando los acreedores ASA, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Bancomext solicitaron un interventor, a ASPA le pareció sospechoso viniendo de esas entidades gubernamentales, pues casualmente son las que han sido reticentes en las negociaciones para la reestructura del Nuevo Grupo Aeroportuario.

 

Empero, indicó que después de investigar al despacho propuesto como interventor, White and Case, encontramos antecedentes de éste en el IPAB, en Aeroméxico y su cartera de clientes que incluye arrendadoras de aviones y por ello ASPA denunció conflicto de intereses.

 

No obstante, refirió que en los últimos días de la gestión de Fernando Perfecto al frente de ASPA, Vicente Corta y Enrique Espejel, representante de White and Case, se acercaron para aclarar el conflicto de intereses y ayer asistieron a la sede del sindicato de pilotos para extender estas explicaciones a todos los representantes de los sindicatos.

 

Señalò que reconocieron que tuvieron participación en Cintra, IPAB, en Aeroméxico y las arrendadoras de aviones, como lo hace un despacho de las dimensiones y alcances que tiene White and Case, pero dejaron en claro que actualmente no tienen relación laboral ni con el IPAB ni con Aeroméxico.

 

Sostuvo que entregaron cartas donde se asienta y explica con fundamentos legales que “no existe conflicto de intereses y que el compromiso con sus representados es la salida exitosa del concurso mercantil porque ni a Banorte, ni a Bancomext, ni a ASA, ni al AICM, ni a Profeco, les conviene la quiebra de Mexicana. Estos acreedores han entendido que necesitan negociar para recuperar su dinero”.

 

El capital Díaz Chávez Morineau insistió en que como sindicato, a ASPA le interesa que se resuelva la problemática con estos acreedores porque de ellos depende en gran parte llegar al convenio concursal y, a partir de ahí, el reinicio de operaciones.

 

Recordó que Bancomext tiene los aviones, Banorte el fideicomiso de la venta de boletos por tarjeta de crédito, ASA el combustible, AICM los slots y Profeco demanda el pago por incumplimiento de boletos vendidos. Súmenle que ASPA también es acreedor además de accionista.

 

Sostuvo que a partir de este análisis se tomó la decisión de apoyar a White and Case como interventor porque nos conviene a todos y dado que el interventor no tiene capacidad para declarar la quiebra, esa es potestad exclusiva del Juez, el Conciliador y del patrón.

 

En este contexto, aclaró que la decisión de ratificar a White and Case como interventor no fue tomada por él y desmintió que tenga parentesco político con Vicente Corte y sostuvo que la resolución se tomó aún en la gestión de Fernando Perfecto y él sólo retomó este acuerdo a través del consenso del Comité Ejecutivo.