Washington. Este miércoles inicia la inscripción para el programa de acción diferida anunciada por el gobierno del presidente Barack Obama que beneficiaría a más de 1.7 millones de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos.
Los denominados “soñadores” o “dreamers” han intensificado los preparativos mediante talleres informativos en todo el país.
El legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, dijo este domingo a la cadena Univisión que los jóvenes pueden pedir información a los congresistas en sus respectivos estados o a diversas organizaciones que han ofrecido su ayuda.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que pertenece al Departamento de Seguridad Interna (DHS), informó a principios de agosto que los favorecidos son los jóvenes entre 16 años y menores de 31 años que han vivido en el país por al menos cinco años.
Deben estar en la escuela, haber servido en las fuerzas armadas, y no haber sido condenados por delitos graves.
“Este proceso, aunque es generoso, no tiene apelación y requiere que ustedes se muestren ante el gobierno”, dijo la directora ejecutiva de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA), Crystal Williams.
AILA y numerosos grupos expresaron su apoyo a la campaña nacional “Únete al sueño” de la organización United We Dream, integrada por jóvenes indocumentados, para ofrecer asistencia a los beneficiarios del programa de acción diferida que tiene un costo de 465 dólares.
El USCIS tiene previsto divulgar en su sitio electrónico los formularios que deben llenar los potenciales beneficiarios, que además deben probar su identificación mediante partidas de nacimiento o de bautismo y matrículas consulares, entre otros documentos.
A ese esfuerzo se ha sumado la Embajada de México con su red de 50 consulados en el país para ayudar a los jóvenes beneficiados originarios de ese país, que suman 1.1 millones y representan casi el 65 por ciento del total, según el Instituto de Políticas de Migración (MPI por su siglas en inglés).
Casi 60 mil de los potenciales beneficiarios son El Salvador y 50 mil de Guatemala, de acuerdo con el informe del MPI, que sostuvo que el 57 por ciento vive en California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois.
En un foro, celebrado la semana pasada en el Centro para el Progreso Americano (CAP), la directora del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, advirtió sobre estafas o fraudes de personas sin autorización de practicar la ley de inmigración.
“Uno de los mayores desafíos es asegurar que las personas beneficiadas con esa política tengan buena información”, aseveró.