El consejero Lorenzo Córdova urgió a revisar el modelo de fiscalización en el sistema electoral mexicano, a fin de determinar el tipo de sanciones que se puedan aplicar en caso de que se compruebe la comisión de actos ilícitos en esa materia durante las campañas electorales.

 

Ante los señalamientos de que el Instituto Federal Electoral (IFE) nada está haciendo para resolver los casos sobre presunto manejo financiero irregular para la compra de votos, recalcó que la Unidad de Fiscalización no se ha mantenido con los brazos cruzados.

 

En entrevista radiofónica para MVS Noticias con Carmen Aristegui, Córdova Vianello mencionó que el instituto ha ido entregando las constancias de sus actuaciones y toda la información que ha recabado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

 

A los consejeros y los representantes de los partidos políticos ante al instituto electoral se les ha entregado informes generales sobre los avances que llevan; la información que no afecta las pesquisas ni sus resultados puede ser consultada en Internet.

 

Asimismo expuso que la averiguación del IFE está sujeta a plazos legales y no puede poner fecha límite para dar resultados, sino que el tiempo lo va dando el mismo avance de la investigación.

 

Al respecto el consejero Alfredo Figueroa informó que el próximo viernes 17 entregará otro lote de información al Tribunal Electoral federal.

 

En entrevista por separado Figueroa Fernández abundó que a partir de la próxima semana y de manera frecuente la Unidad de Fiscalización del IFE presentará informes al Consejo General, con datos que puedan ser publicados para no afectar el proceso de la investigación.

 

Lorenzo Córdova hizo hincapié en que el modelo de fiscalización a los partidos en México es uno de los más exhaustivos del mundo, producto del consenso de todas las fuerzas políticas, y responde a tiempos específicos.

 

Pero a pesar de que es uno de los mejores del mundo, el modelo de fiscalización mexicano necesita perfeccionarse y fortalecerse, a fin de que no se cometan conductas ilícitas.

 

Al respecto planteó que sería necesario que a nivel federal existiera una fiscalización preliminar, como ocurre en el Distrito Federal, la cual contemple que si comprueba que hubo rebase en los topes de campaña u otras irregularidades se pueda anular la elección.

 

En ese sentido recordó los casos Pemexgate o Amigos de Fox, en los que opinó se hubiera requerido de una reforma que acelerara los procesos de fiscalización y una sanción mayor en lugar de sólo una multa, por más onerosa que fuera.