El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó que la Presidencia de la República debe dar a conocer los números de teléfonos celulares que contrató y que están vinculados con los nombres de los servidores públicos a quienes les fueron asignados.
Por lo anterior, el pleno del IFAI resolvió un recurso de revisión interpuesto por un particular que solicitó el listado de las facturas de telefonía fija y celular pagadas entre los meses de octubre de 2011 a enero de 2012.
Además, se pidió que el listado fuera desglosado por número telefónico, servidor público al que está asignado, empresa a la que se le paga el servicio, si es fijo o celular y monto desglosado de las últimas tres facturas.
El organismo informó que en respuesta se entregaron ciertos datos, pero el sujeto obligado indicó que la relación de números telefónicos celulares vinculados con el nombre de los funcionarios a los que les fueron asignados está reservada por un periodo de un año.
Esta reserva, se argumentó, es en virtud de que su difusión podría poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de los servidores públicos.
Por ello, el particular presentó un recurso de revisión, en el que manifestó que dichos datos constituyen información pública porque las líneas de los teléfonos celulares son pagadas con recursos públicos.
El asunto fue turnado a la ponencia de la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard, y se determinó que es pública toda la información de los funcionarios relacionada íntimamente con el desempeño de su encargo y la que le permita a las dependencias o entidades presentar una adecuada rendición de cuentas.
También se advirtió que el servicio de telefonía celular es parte de las prestaciones que corresponden al cargo del funcionario, por lo que el equipo y la renta de la línea son pagados con recursos del erario público.
Además, el número de teléfono celular es un dato público que no puede ser utilizado como un instrumento para emprender acciones criminales o ilícitas contra dichos servidores públicos, pues no permite conocer su domicilio o su ubicación en determinado momento, se señaló.
Por lo tanto, la comisionada Peschard propuso revocar la respuesta de la Presidencia de la República e instruirle entregar los números de los teléfonos celulares vinculados con los servidores públicos que los tienen asignados, lo que fue aprobado por el pleno