Aunque el amparo se resolverá hasta el próximo lunes, ayer en su sesión del pleno la Suprema Corte de Justicia avanzó en el debate sobre el derecho de las víctimas y mostró una opinión favorable a ampliar sus derechos.
Siete ministros se han pronunciado porque los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua asesinado por militares en un retén en el estado de Guerrero, tienen derecho de interponer el amparo para que el caso se le turne a un juez de distrito. Sólo tres ministros insisten en que no acreditan la personalidad jurídica para solicitar que el caso se le retire a la justicia militar.
En la sesión de ayer que inició casi dos horas después de lo previsto, porque los ministros se reunieron en privado para resolver el cese de Juan Carlos de la Barrera Vite, empleado de la Corte que filtraba información al Cártel de Sinaloa y que fue detenido por la PGR hace unas semanas
En el pleno público intervinieron los ministros Olga Sánchez Cordero, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quienes sostuvieron que está establecido en las sentencias de la Corte que han sido acatadas por el Estado Mexicano, los lineamientos de que también los familiares son víctimas.
El ministro Luis María Aguilar planteó que en los argumentos de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, en la Cámara de Diputados Federal se esgrimió durante el debate el hecho de que las victimas luego son víctimas del orden jurídico, de la ineficacia de los derechos, y que esto obedecía a la imprecisión del orden jurídico, por lo cual ahí radicaba uno de los aspectos más importantes de esa reforma.
Mientras que el ministro Pardo Rebolledo subrayó que hay legitimación de los familiares, quienes tienen la opción de interponer el juicio de amparo, y que este es un acto legítimo.
Incluso refirió que dentro del expediente constan peticiones hechas por uno de los familiares de Bonfilio, para que se les permitiera coadyuvar en la investigación, y otro en el cual le pide no enviar el caso a la justicia militar, tres años después le respondieron que desde un principio se le había dado vista a la justicia militar, porque el Ministerio Público consideró que era de su competencia.
En oposición, el ministro Sergio Aguirre Anguiano, insistió en que no tienen esos derechos porque no se trata de víctimas directas, y que en todo caso debería entonces darse lugar a los sucesores de la persona asesinada.